Septiembre de 2017 dejó una estela de
edificios colapsados tras registrarse dos sismos, el 7 y el
19 de septiembre, éste último al cumplirse
34 años del terremoto más letal de la historia del país, el de 1985.
El 7 de septiembre, a las
23:49 horas, ocurrió un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.
Doce días después, a las
13:14 horas, un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en los límites de Morelos y Puebla, sacudió el centro del país y causó afectaciones en Guerrero, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.
La
Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de desastre para 687 municipios de ocho entidades federativas y declaratorias de emergencia extraordinaria para
325 municipios de seis estados, como resultado de los sismos del 7 y 19 de septiembre.
De acuerdo con el informe Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas, la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, los sismos de septiembre dejaron daños en
59 mil 397 viviendas en 90 municipios de Chiapas; 63 mil 336 en 41 municipios de Oaxaca; 27 mil 812 en Puebla, 34 en Tlaxcala; 6 mil 59 en el Estado de México; 15 mil 352 en Morelos y 5 mil 765 en la Ciudad de México.
En la capital del país, las mayores afectaciones ocurrieron en las delegaciones
Cuauhtémoc, Iztapalapa y Benito Juárez.Al 21 de octubre, el gobierno de la Ciudad de México autorizó el derrumbe de 200 inmuebles con daños estructurales en la delegación Iztapalapa.
De acuerdo con cifras de daños en infraestructura educativa proporcionadas de Presidencia, el sismo del 19 de septiembre dejó daños en
16 mil 136 planteles en 10 entidades federativas, de los cuales 276 fueron totales.
El entonces coordinador nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, confirmó 369 muertos al 5 de octubre.
La Ciudad de México reportó 228 decesos, Morelos 74, Puebla 45, el Estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 123.
El gobierno de la Ciudad de México evaluó más de 8 mil 405 inmuebles, de los que entre 800 y mil fueron catalogados como inhabitables.
En la Ciudad de México se instalaron 13 albergues que atendieron a más de 329 personas.
En otros estados se instalaron 187 albergues instalados que atendieron a 14 mil personas, según Presidencia.
Dolor en Puebla
A 2 años del terremoto, el dolor, el miedo, la angustia y la resignación se sienten todavía en los municipios de San Juan Pilcaya, Chietla y Atzala, municipios del estado de Puebla, cuando se cumplen dos años del terremoto del 19 de septiembre de 2017.
Sus habitantes aún no pierden la esperanza de recibir el apoyo prometido por las autoridades y diversas asociaciones que los ayudaría a reconstruir su vivienda.
Pero esa ayuda no ha llegado por completo, se quedaron en el olvido a dos años de esta tragedia que dejó a cientos de personas sin un patrimonio, que no se ha podido recuperar o simplemente se han tenido que acostumbrar a vivir en condiciones precarias.
Calles vacías, escombros, viviendas con vallas y muros derrumbados, muebles destrozados por la caída de piedras y objetos olvidados configuran el paisaje de estos municipios.
Son lugares que, según sus vecinos, se convirtieron en guarida de delincuentes y donde aumentó el número de personas en situación de calle, porque la mayoría de las casas sufrieron un daño total.
Cuando los habitantes del municipio ven llegar a alguien foráneo, inevitablemente se les ocurre preguntar si son encargados de levantar el censo de damnificados por los terremotos, puesto que dos años después no han recibido todavía ninguna ayuda.
Entre la maleza, fuera de la vista del Estado
La familia Vergara vivió las últimas consecuencias del sismo hace tan solo dos meses. Juana Arenas, de 61 años, estaba limpiando cuando le pareció que iba a temblar de nuevo. No recuerda el día exacto, solo recuerda que llovía. “La cocina y la sala se cayeron enteras. Estuve a un segundo de irme con ellas”, cuenta. Esta familia vive bajo riesgo extremo desde septiembre de 2017, cuando más de la mitad de su casa se vino abajo. Es solo una de las más de 350 familias de Ecatzingo que fueron omitidas en el censo del desastre y que no recibirán ayuda oficial al menos hasta 2020.
A los pies del volcán Popocatépetl, Ecatzingo lo forman un millar de casas construidas en laderas cubiertas de maleza. Según el último censo, de 2010, 9.300 personas viven en este municipio de 1.739 casas. 1.112 fueron destruidas y declaradas en riesgo por el sismo, según un recuento realizado este año por el municipio. La alcaldesa, Rocío Solís, admite que aquí “no existe la idea de pedir permisos de construcción”. Entrar en la estadística para recibir ayudas tras el desastre requería de dos datos: la ubicación de la casa en un mapa de planeamiento urbano y su título de propiedad. 370 viviendas no cumplen con estos requisitos porque, según la alcaldesa de Morena (el partido del presidente López Obrador), Ecatzingo “vive una situación de propiedad comunal, herencia indígena, en la cual mucha gente se establece en terrenos heredados de familiares que nunca se pusieron al día”.
“Cuando pasaron por las viviendas los del censo estábamos ayudando a los vecinos. Casi todos sufrimos pérdidas totales. ¿Cómo esperan que nos quedáramos en la casa?”, cuenta Esther Vergara, una de las hijas. Denuncia que la gente del censo pasó una vez por cada hogar a finales de 2017 y que quienes no pudieron atenderles fueron omitidos en el presupuesto del Estado de México para la reconstrucción. “Además, los que se dedican a la venta de materiales subieron los precios”, cuenta Eulalio Vergara, de 64 años, que sostiene que el valor de las varillas de acero para sostener las construcciones pasó de 60 (tres dólares) a 150 pesos (ocho dólares) las semanas posteriores al sismo.
Ecatzingo perdió más de la mitad de su infraestructura pública durante el temblor: sus 16 centros educativos se vieron afectados, la iglesia del pueblo sigue destruida y la sede de gobierno se encuentra en peligro de derrumbe. “Soy como el resto de los vecinos”, sentencia la alcaldesa, “que tienen la casa en ruinas pero ahí siguen, porque no tienen adónde ir”.
