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Nación

Abogados de Rosario Robles renuncian por falta de pago

Por Agencia - 06 septiembre, 2019 - 03:24 p.m.
Abogados de Rosario Robles renuncian por falta de pago
La ex titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles se quedó sin dos despachos de abogados, solo le queda su defensor Julio Hernández Barros. Lo anterior fue confirmado por los propios despachos 
Oléa y Oléa y Hernández Barros Abogados quienes anunciaron su retito del caso por falta de pago.
Julio Hernández Barros, el único abogado que le queda a Rosario Robles asegura que esta situación no es una estrategia de medios para tratar de aparentar que la ex funcionaria se encuentra en la indigencia. Los despachos de abogados que se retiraron detallaron que la decisión se dio por la "precaria situación económica" por la que está pasando Rosario Robles. Hace dos días la defensa de Rosario Robles presentó una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una entrevista con Radio Fórmula, el jurista explicó que este martes presentarán un recurso formal ante el organismo, con sede en Washington, alegando que la detención de su cliente fue "una detención ilegal en ausencia total de pruebas". "No se trata de una prisión preventiva como él (el juez) lo llama, sino una prisión ilegal decretada por el juez con abandono a las leyes constitucionales", aseguró en referencia a lo que decretó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna el pasado 13 de agosto. Continuó explicando que están "pidiendo medidas cautelares a la Comisión Interamericana para que cese de inmediato esta prisión ilegal a la que la tienen sometida". "En los próximos días presentaremos una revisión de medidas cautelares ante el propio poder judicial federal con todas las pruebas que acreditan que no hay ningún riesgo para que se sustraiga de la acción de la justicia a una persona cuyo deseo era enfrentar este juicio", explicó. Desde que su cliente entró en prisión preventiva el pasado 13 de septiembre, Julio Hernández Barros ha señalado que fue juzgada por un "tribunal de Estado" en el que pesó el actual Gobierno.

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