Adiós a la PGJDF; constituyentes crean Fiscalía General de Justicia

La Asamblea Constituyente ordenó la desaparición de la Procuraduría capitalina para dar paso a una nueva Fiscalía.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por la Fiscalía General de Justicia, será sustituida por la Fiscalía General de Justicia, esto luego de que la Asamblea Constituyente aprobará la desaparición de la primera, en tanto que el nuevo órgano, será autónomo en su gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

De acuerdo a lo legislado por la asamblea capitalina, la fiscalía se encargará de garantizar la defensa, integridad y supremacía de la Constitución, así como la procuración de la integridad del sistema jurídico local y los derechos humanos.

La dependencia se integrará por un órgano independiente denominado Centro de Justicia Alternativa que facilitará la mediación para resolver controversias civiles, mercantiles, familiares, penales cuando se trate de delitos no graves y de justicia para adolescentes; también mediará en problemas vinculados con el régimen de condominios, vecinales, comunitarios, y de barrios y pueblos.

En tanto el Consejo de la Judicatura será autónomo con independencia técnica y de gestión, cuyas resoluciones serán definitivas e inatacables, mientras que el presidente del Tribunal Superior no lo podrá hacer en el Consejo de la Judicatura. Asimismo, los constituyentes determinaron que el Tribunal Electoral, que se integrará por cinco magistrados, forme parte de la función judicial de la Ciudad de México, además de que será un organismo jurisdiccional especializado, con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Por otro lado se dio paso a la conformación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje que desahogará los conflictos laborales que se presenten entre el gobierno de la Ciudad de México y sus trabajadores, así como los conflictos sindicales internos y los intersindicales. Además se crearán dos nuevos organismos autónomos: el Consejo de Evaluación y el Instituto de la Defensoría Pública.