Industrias Bachoco le dio un revés a una resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica en donde se le señaló como responsable de colusión y la sancionó con 1 millón 662 mil pesos.
Un tribunal especializado revocó la resolución del organismo antimonopolios en donde acusaba a la empresa de intercambiar información con el objetivo de fijar, concertar y manipular el precio de venta de diversos productos de la industria avícola en Veracruz.
Pero la empresa interpuso un amparo ante el poder judicial, el cual estimó que los argumentos del organismo antimonopolios fueron insuficientes para acreditar la comisión de esta práctica monopólica.
“En cumplimiento de la sentencia emitida en el amparo de revisión y a la luz de los razonamientos del tribunal especializado, el caudal probatorio con el que la CFC determinó la responsabilidad de IBachoco en la práctica monopólica absoluta sancionada, resulta insuficiente para sancionar a dicha persona moral”, se advierte en una resolución dada a conocer el 8 de diciembre del 2016.
Cabe destacar que Industrias Bachoco es la tenedora de la totalidad de acciones de Bachoco, la cual es su principal subsidiaria y a quien también se le impuso una sanción de 1.6 millones de pesos.
En este caso también fueron sancionadas otras empresas: Marver, Agroindustrias, Neria, San Antonio y Asavel, las cuales hicieron un acuerdo para fijar precios en un total de 52 días, entre los años 2005 y 2009.
La Cofece ha sancionado a Bachoco en otras ocasiones, como en la investigación que se abrió por un acuerdo de fijación de precios en el Distrito Federal y Área Metropolitana en el que participó esta empresa, además de San Antonio, Pilgrim’s, Tyson y PQRO.
El acuerdo tuvo una duración acumulada de 44 días entre 2008 y 2009, y afectó la venta en pollerías y mercados públicos.
En tanto que en Cancún y Chetumal, Quintana Roo, se determinó que hubo un acuerdo para fijar precios entre Crío y Bachoco, y también Oxtankah en Chetumal. El acuerdo en Cancún tuvo una duración de siete días y en Chetumal tuvo una duración de 285 días, ambos durante 2010.
En un análisis elaborado por la autoridad de competencia, se determinó que estas malas prácticas han tenido una afectación para los consumidores que se calcula en al menos 118.4 millones de pesos y de hasta 212.3 millones.
Por lo que las sanciones impuestas muchas veces se quedan por debajo de la capacidad económica de las empresas sancionadas.