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Nación

ASF documentó irregularidades en la construcción del Paso Exprés

Por Agencia - 14 julio, 2017 - 04:33 p.m.

Morena dijo en la Cámara de Diputados que el titular de la SCT es el principal responsable de las irregularidades en Paso Exprés. 

En la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca se detectaron irregularidades por 270 millones de pesos, lo anterior, de acuerdo a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública del año 2015.

Los informes del órgano fiscalizador señalan que en ese año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no cumplió con algunas disposiciones legales, aunado a que el proyecto original de la vialidad se modificó sin autorización de las áreas responsables y se observó la ejecución de trabajos de mala calidad.

La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, a través del diputado Vidal Llerenas, respaldó esos datos y señaló que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz, es el principal responsable de las irregularidades en dicha construcción, por lo que está obligado a renunciar.

Llerenas Morales recalcó que de acuerdo a la revisión de la Auditoría Superior, durante la construcción de la obra, se cambió el tipo de pavimento a utilizar, el proyecto original fue modificado sin autorización y se hicieron pagos anticipados sin justificación.

Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, señaló que las autoridades federales están obligadas a fincar las responsabilidades que haya lugar contra los funcionarios de la SCT y las empresas constructoras del Paso Exprés de Cuernavaca, para evitar que como hasta ahora, se “echen la bolita” unas a otras.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidió que los contratistas se hagan cargo de los costos de reparación de la obra y de la indemnización a los afectados, empezando por la familia de las dos personas que fallecieron después de que su auto cayera en el socavón que se abrió en la polémica vialidad.

En sus auditorías, el ente fiscalizador formuló 14 observaciones, una recomendación, una solicitud de aclaración y tres promociones de responsabilidad administrativa por las irregularidades detectadas.

Como conclusión, señaló que la SCT, a través de su delegación en el estado de Morelos, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables a la utilización de recursos.

Puntualizó que el daño al erario, al menos en 2015, fue de 270 millones de pesos. Ante dicha falta se solicitó a la dependencia federal hacer las aclaraciones correspondientes, pero el despacho a cargo del secretario Gerardo Ruiz aún no cumple con ese requerimiento.

Indicó que entre otras anomalías, la SCT instruyó a la constructora modificar el proyecto original si aprobación de las áreas responsables de la obra.

También se detectaron omisiones al no incluir retornos, acotamientos laterales interiores y exteriores, accesos y salidas a la carretera para vehículos de emergencia, vigilancia o mantenimiento, lo que se advirtió, dificultarían su operación.

Asimismo, la Auditoría encontró que se hicieron pagos sin corroborar que ya había diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados; también se hicieron pagos por obras cuya realización no se comprobó; aunado a que se hicieron trabajos de mala calidad.

De igual modo, se hicieron pagos sin cerciorarse de que la mano de obra, los materiales y el equipo utilizados estuviesen considerados en los precios unitarios extraordinarios contemplados en los contratos.

Por lo anterior, la ASF solicitó en su momento, que los órganos de control de la SCT investigaran los hechos y aplicaran las sanciones correspondientes por los actos u omisiones de los funcionarios responsables.

Al respecto, el diputado Llerenas Morales añadió que las irregularidades identificadas por la Auditoría tienen responsables no solo en términos administrativos, políticos e incluso penales, y esos son la propia SCT y su delegación en el estado de Morelos.

Ello, aunado a que si las anomalías señaladas se subsanan, se podrían recuperar 31 millones de pesos por pagos anticipados a la conclusión del Paso Exprés.

Recalcó que la falta de vigilancia sobre los avances del proyecto, hablan de la negligencia de los constructores y de la autoridad, ya que se desarrolló con serios problemas.

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