CIUDAD DE MÉXICO .- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la obligación del Estado de dar acceso a menores de edad a métodos anticonceptivos y orientación sobre salud sexual y reproductiva.
La Segunda Sala de la Corte aprobó por unanimidad un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que declara Constitucionales ocho artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en diciembre de 2014.
Dicha legislación fue impugnada por Rosario Becerril Alba, una panista de Aguascalientes que promovió un amparo.
“El acceso a la información, así como a los insumos de salud sexual, se encuentra relacionado con la protección a la salud, integridad personal, e inclusive la vida de los menores de edad; de ahí que el derecho humano al nivel más alto posible de salud física y mental no podría verse satisfecho si se prescindiera de tales elementos de los servicios de salud”, replicó la Corte.
Agregó que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha enfatizado la necesidad de educar a los adolescentes para evitar embarazos precoces no deseados, contagio de VIH y de enfermedades de transmisión sexual.
Otro argumento rechazado fue que la ley viola el derecho de los padres a educar a sus hijos, al hacer referencia a la “preferencia sexual” de los menores.
Según la Corte, es razonable el mandato de la ley para que las autoridades generen medidas para garantizar la igualdad y “el empoderamiento” de las niñas y adolescentes.
TABLA
Cuestionamientos
El amparo de la panista Rosario Becerril acusaba a la ley de menores de edad de:
- Alentar la promiscuidad, la anarquía moral y las relaciones no apropiadas para la niñez.
- Implícitamente discriminar a los padres de su función, respecto de la guía y enseñanza a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas.
- Explícitamente discriminar al niño o adolescente varón por su simple sexo y empoderar a las niñas y adolescentes mujeres.
