Cd. Acuña, Coah.- La Defensoría Integral de la Familia ha girado boletines de búsqueda a padres de familia irresponsables, que se han ido de Acuña a otros estados del país, incluso a la Unión Americana, luego de que se han sustraído de la ley, al omitir el pago por pensión alimenticia para hijos que han procreado, informó la titular de la dependencia, Guadalupe Galván Ortiz.
Aseguró que la distancia no es impedimento para que se cumpla la ley, por lo que una vez que se ubican los familiares, tanto a madre o al padre, se le exhorta a través de oficio para que en la empresa que laboren, se apliquen los descuentos salariales que permite la ley.
Reconoció que, de acuerdo a la estadística que lleva la dependencia, ha ido a la alza el número de denuncias que se presentan por falta de manutención, por lo que se han integrado un gran número de expedientes que son turnadas ante el juez, que puede emitir orden para asegurar el salario del trabajador.
“Aun se haya ido a otra entidad, ahora es muy fácil rastrearlos ya que existen convenios con instancias de otros estados del país, con las autoridades de Coahuila, para hacer efectivo el cobro de la pensión de alimentos, a quienes no estén cumpliendo conforme a lo que establece la ley”, agregó Guadalupe Galván Ortiz.
Dijo que en el caso de aquellas personas que se van al extranjero por razones personales, pero que no dejen finiquitado cualquier trámite respecto a la manutención de sus hijos, también pueden ser rastreados a través de medios legales, y el apoyo de dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se proceda contra quien logró ir mas allá de la frontera y burlar a la autoridad Mexicana.
En la Defensoría Jurídica Integral Estatal, en lo que va del año, se han registrado alrededor de setenta expedientes, de los que un buen número corresponden a denuncias por manutención.
Mencionó que ante la falta de cumplimiento, algunas familias se ven afectadas porque no pueden adquirir los artículos para que sus hijos vayan a la escuela o para que coman, y eso es inaceptable, apuntó.
Guadalupe Galván Ortiz, titular de la Defensoría Jurídica Integral Estatal
