Cuatro días bastaron para que los diputados locales aprobaran tres dictámenes presentados por el Ejecutivo
A casi un mes de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, ayer el Congreso de Coahuila aprobó un paquete de reformas y la creación de leyes que complementarán el funcionamiento del nuevo esquema de combate a la corrupción. Quienes cometan enriquecimiento ilícito podrían perder sus propiedades y bienes.
En sesión extraordinaria, los diputados locales aprobaron 3 dictámenes de iniciativas presentadas apenas el pasado martes 8 de agosto por el Ejecutivo del Estado. Se creó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como la reforma de otras leyes estatales.
En primera instancia, fue aprobada por unanimidad la creación de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, órgano que tendrá jurisdicción en lo contencioso administrativo y el fincamiento de responsabilidades administrativas graves, sobre los cuales podrán imponer sanciones en una facultad que anteriormente le correspondía a la Auditoría Superior del Estado.
El señalado tribunal deberá dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares, así como imponer sanciones a servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave.
“Impondrán sanciones a los particulares que incurran en actos vinculados con responsabilidades administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales”, señala el dictamen aprobado.
A la par, se creó la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo de Coahuila, a través de la cual los administrados, es decir, tanto funcionarios como ciudadanos, pueden lograr la defensa de sus derechos e intereses, cuando se ven afectados por actos administrativos ilegales, si así lo consideran.
Por otro lado, ayer también se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con lo cual se diluye la Procuraduría General de Justicia del Estado y ahora se llamará Fiscalía General del Estado, igual que su titular se denominará fiscal y no procurador. También se agregaron atribuciones a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
También se modificó la Ley de Extinción de Dominio, en la cual se agregó enriquecimiento ilícito en la lista de delitos por los que el culpable puede perder sus propiedades o bienes. Asimismo, se elimina el delito de facilitación delictiva como causa de procedencia de extinción de dominio.
