De las 342 personas que se inscribieron para obtener una de las 120 concesiones de taxis este año, 54 son concesionarios –que cuentan con 5 o menos concesiones-, 82 particulares con gente bien conocida y 7 arrendatarios, que rentan taxis a concesionarios y ellos a su vez a los choferes.
El resto son operadores de taxis que soñaron con una concesión, pero se esfumaron sus esperanzas por no poder juntar $100,000 –$70,000 de la concesión y $30,000 para sacar un auto de reciente modelo-. Y hay otros más como Rodrigo González de Transportes el Bravo, quién se “entusiasmó” y se pre-registró tres veces, 2 como personal moral, otra como particular -en ninguna como concesionario que es- con tal de sumar más unidades a su flotilla.
De los 54 concesionarios, la mayoría tiene más de 2 unidades, sus nombres son bien conocidos y aparecen publicados en las listas de transparencia que pegó la Dirección de Servicios Concesionados en ventanillas de Presidencia.
Muchos de los operadores presentaron papelería como prestanombres -obligados bajo acta notarial a ceder derechos a quienes les rentan taxis por $600 diarios- y entregarlos a partir de enero de 2019, cuando concluya esta administración.
Cuestionados al respecto, varios choferes lamentan no tener cómo juntar los $100,000 por lo que prefirieron recibir $5,000 de agradecimiento y el empleo, a cambio de pugnar por una concesión y luego cederla, pero si no son favorecidos, se quedan sin nada.
“Mira, voy a endeudarme por $100,000 y luego sacar $5,000 extras por mes para la mensualidad, y si no me dan una concesión, ¿de dónde voy a pagar todo ese dinero?”, lamentó un chofer con 30 años detrás de un volante.
