Las juntas locales de conciliación y arbitraje seguirán trabajando hasta agotar los asuntos laborales pese a que entre en vigor la reforma constitucional de crear Tribunales del Trabajo, aclaró Gilberto Silva González, presidente de la JLCyA.
Comentó que empresarios y trabajadores han mostrado inquietud sobre la posible desaparición de las juntas locales, las cuales no van a quitarlas de inmediato sino que continuarían trabajando hasta cerrar los asuntos vigentes.
Estimó que para el 2018 es cuando estarían operando los juzgados y el nuevo tribunal judicial en materia laboral, ya que actualmente la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto de trasladar la justicia laboral del Ejecutivo al Poder Judicial, está en el proceso de aprobación de los congresos locales porque hay que reformar el artículo 123 Constitucional.
La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados donde la intención es crear juzgados y un Tribunal del Trabajo que suplirían las juntas locales de conciliación.
Silva González destacó que prácticamente sería la misma función que actualmente hacen las juntas locales de conciliación en tres aspectos fundamentales; recibir las demandas laborales y, en primer lugar, conciliar; segundo, juzgar cuando hay un conflicto, y tercero, administrar contratos colectivos, todo lo que tiene que ver con sindicatos, emplazamientos y huelgas.
“Se crea a la par de los juzgados o tribunales del trabajo, se crea un instituto que a nivel nacional, tengo entendido que pudiera llamarse, no estoy afirmando, podría llamarse Instituto Nacional de Conciliación, y esos institutos, como su nombre lo indica, tendría que necesariamente atender asuntos previos a un juicio y también administraría todo lo que tiene que ver con contratos colectivos, todo con los derechos, sindicatos, huelgas, etcétera”, indicó.
Consideró que en enero o febrero estaría aprobándose por los estados la iniciativa, luego faltaría reglamentar la Ley Federal del Trabajo y se otorga un año para ponerla en práctica.
Por lo tanto, agregó el funcionario seguirán trabajando normalmente mientras se hace el procedimiento y dejan de depender del Poder Ejecutivo.
