Asociado con un Abogado “Luévanos” son juez y parte para favorecer a delincuentes
La Procuraduría General de Justicia confirmó una investigación contra el jurídico de la Dirección de Seguridad Pública de Castaños, Ricardo Pineda Ferrel por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
Una investigación especial de Periódico La Voz establece que existen acusaciones contra el funcionario público por sabotear el llenado de los informes de consignación de detenidos, quitándoles delitos y vendiendo la información a los abogados de los delincuentes para que queden en libertad fácilmente.
El caso más reciente ocurrió el sábado 26 de agosto cuando Pineda Ferrel incurrió en “omisiones”, en el llenado de un informe de la detención de dos personas que estafaban a trabajadores de la gasolinera “Monky´s”.
En el informe, el jurídico omitió detalles importantes como el robo de una terminal bancaria y otros datos, información que fue entregada a los abogados de los delincuentes antes que a la misma Procuraduría General de Justicia.
Cuando los familiares de los detenidos llegaron a solicitar información, el jurídico de Castaños les recomendó a un abogado de apellido “Luévanos” para representarlos en el proceso, con la garantía de que si lo contrataban, recuperaría su libertad más rápido.
Según la revelaron los familiares de los detenidos, el jurídico les cobró 20 mil pesos para recomendarles el abogado, quien horas después llegó a la corporación ya con una fotografía del Informe Policial Homologado.
Ante esto, el delegado de la Procuraduría General de Justicia, Rodrigo Chaires Zamora, comentó que actualmente mantienen una investigación por la posible comisión de un delito, sin embargo, se está verificando la información para poder clasificarla.
Aseguró que es una situación que lamentablemente se venía presentando desde algún tiempo atrás, pues algunos abogados llegaban a solicitar información de los detenidos con más datos de los que debían tener, lo que despertó la sospecha de las autoridades.
Señaló que ante este tipo de situaciones se ha advertido a los representantes de las corporaciones policíacas, buscando que traten de darle una solución, sin embargo, no en todos los casos ha sucedido.
“Sabemos que en muchos municipios los jurídicos no dependen directamente de la corporación sino que dependen del Ayuntamiento, es por ello que vamos a revisar la situación en este caso en específico para proceder conforme lo establece la ley”, recalcó el Delegado.
Señaló que solicitarán un acercamiento con las autoridades municipales para plantearle esta situación, que está frustrando la aplicación de la justicia.
