SABINAS, COAHUILA. Ante la serie de robos que se han venido presentando en los últimos meses la ciudadanía se pregunta: ¿Por qué las personas que arrestan, salen en libertad? En ocasiones porque reparan el daño o hacen uso de otras alternativas legales para llevar el proceso fuera o por fallas en el mismo porque se vulneraron los derechos humanos de los presuntos culpables del delito.
El nuevo Sistema de Justicia Penal Oral contempla varios argumentos antes de dictar formal prisión a quienes cometen un delito de los considerados no graves.
El fundador del Colegio de Abogados de la región Carbonífera, Eladio Romero Dávila advierte sobre unas fallas en el proceso que pudieran provocar que delitos queden impunes, así lo hizo saber en su tiempo, manifestó que el nuevo sistema de justicia penal privilegia la libertad y la presunción de inocencia del imputado y esto pasa en la gran mayoría de los delitos.
Esto se hace mediante el pago de una caución o también gozan de una libertad vigilada y en algunos casos portan un localizador, lo que menos se desea es que el individuo vaya a parar a la cárcel y sea sentenciado, en algunos casos la violación de los derechos humanos del presunto culpable también es motivo de que salga libre.
En la región se cuenta solamente con celdas preventivas, en caso de que se sentencie a alguien por un delito mayor será enviado al Cereso de Piedras Negras o a Monclova, a ese proceso se le llama vinculación a proceso que amerita prisión preventiva como medida cautelar.
Los robos simples con o sin violencia, portación de drogas entre una lista de delitos se consideran menores en los cuales los imputados pueden apelar a alguna de las opciones que son legales como el perdón, reparación del daño entre otras, al ministerio publico corresponde armar la carpeta con los elementos necesarios para que un juez determine sobre el caso.
Por otra parte, externó el abogado Eladio Romero, los derechos humanos deben ser respetados en todo el proceso desde que se detiene al imputado ya sea en flagrancia o porque alguien lo haya denunciado o por investigación del propio ministerio, el caso de que haya cualquier falla violatoria de los derechos humanos o en la integración del expediente se corre el riesgo de que todo el caso sea desechado por el juez.
Entonces, explicó es imprescindible que haya agentes y ministerios públicos bien capacitados para que no cometan estas fallas que dejaran que los imputados que pudieran haber cometido el delito queden impunes.
En ocasiones los que tienen primer contacto con las victimas y los presuntos culpables son personal de la Cruz Roja o Verde, elementos de seguridad pública y estatales, entonces deben apegarse a lo que han aprendido en las capacitaciones que se les ha proporcionado porque aunque la persona hubiera participado en un hecho delictivo, si se le aísla o se practica tortura o golpes, puede apelar a esos hechos.
Puntualizó, que aún con todas las capacitaciones que se han proporcionado todavía hay mucha ignorancia respecto a la manera de proceder en los Ministerios Públicos ya que les falta equipo pericial, también computadoras y otros implementos necesarios para preservar el área donde se cometieron delitos.
Comisión estatal de Derechos Humanos de Coahuila vigila los procesos penales
Por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se tiene vigilancia en los casos que son impugnados de que la detención se haya hecho mediante orden de aprensión o si fue en flagrancia que se aborde a las personas con respeto a su dignidad y en los casos en que haya resistencia se aplique la fuerza necesaria pero tampoco se abuse de esta, que se haga todo de acuerdo a los protocolos que todos los elementos de seguridad publica ya manejan se saben de memoria, pero no lo aplican, todo tiene que llevarse a cabo en forma profesional y eficaz,
Aunque por su supervivencia los detenidos se resistan, las policías conocen los protocolos incluso son estándares internacionales, no son muchos los artículos que se deben de observar de ocho a diez muy explícitos y entendibles para las corporaciones.
La CDHEC también lleva cursos, diplomados a las corporaciones y otras instituciones sobre el uso correcto de la fuerza a la hora de detener a alguien.
Ahora que, si alguna violación a esos protocolos es causa de que quien cometió un delito salga libre, eso no quiere decir que si se violó algún procedimiento la persona no enfrentará un proceso, se ratifica la demanda y el uso justificado, en base a ello el juez determinará la sentencia y si los derechos humanos de las personas fueron vulnerados puede seguir el proceso en libertad, no son puntos a favor de la persona que presuntamente cometió el delito, sino puntos en contra de la autoridad, quien no fue capaz de dirigir una carpeta de investigación.
Respecto a si las autoridades atienden las recomendaciones, la mayoría lo hace, sin embargo, algunos no las aceptan y hay un seguimiento; los juzgados penales tienen el control de cuántas detenciones han sido desechadas por fallas en el proceso.
ESTADÍSTICA
- Según un informe proporcionado en su página, la CDHEC dio a conocer el número de recomendaciones emitidas durante el 2016:
- Hubo 8 mil 372 solicitudes de intervención, se realizó asesoría en 6 mil 594 casos y solamente se aplicaron 1541 recomendaciones.
- Señala lo siguiente:
438 por ejercicio indebido de función pública
296 Detención Arbitraria
195 Lesiones
135 Allanamiento de Morada
81 Dilación en la procuración de justicia
73 Robo
60 Amenazas
46 Otras como violación al derecho de libertad sexual, derecho al agua, acceso a la justicia, al trabajo, aseguramiento indebido de bienes, falsas acusaciones.
40 Violaciones a derechos de personas discapacitadas
33 Negativas a derechos de petición.
28 Irregular integración de averiguaciones
25 Incomunicación
24 Prestación indebida de servicios públicos
22 Retención ilegal
19 Discriminación (Por discapacidad, migrantes, niños, reclusos o internos)
17 Intimidación
8 Tortura
1 Violación de derechos a la educación