México.- Integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) arribaron esta tarde a las instalaciones de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en
Ayotzinapa, para brindar un informe sobre el estado de la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014.
La información presentada demuestra una serie de omisiones cometidas por las autoridades que permiten desmentir la postura de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, que ha reiterado que los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, delito atribuido al grupo criminal Guerreros Unidos.
A casi cuatro años de la desaparición masiva, el organismo internacional enlistó una serie de obstrucciones a la justicia entre las que destacan: la posible participación de la policía federal, estatal y municipal , la falta de esclarecimiento del rol del ejército en los hechos, las torturas y malos tratos en la búsqueda de información, las pericias en balística, la falta de identidad de los personajes ya reconocidos y el trasiego de una posible implicación de las líneas de autobuses en los que viajaban los estudiantes con el tráfico de drogas con Estados Unidos.
En el documento preliminar se hace énfasis en el descarte de los nueve celulares pertenecientes a los estudiantes, que continuaron activos la noche del 26 de septiembre y que “al menos uno ellos” se encontró en posesión de un funcionario público del estado de Guerrero.
Lo anterior, fue afirmado por la relatora presidenta para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena luego de argumentar que la comisión “no acepta la verdad histórica” manejada por el gobierno mexicano; por lo que exige un “cambio en la narrativa” que permita profundizar en otras líneas de investigación.
Arosemena hizo un llamado al nuevo gobierno entrante para que la averiguación integre expedientes estatales hasta ahora ignorados, se completen diligencias y se giren órdenes de aprehensión en contra de los policías que tenían puestos de coordinación la noche de los hechos.
En este mismo sentido, Luis Ernesto Vargas también comisionado de la CIDH, instó a que el “Estado mexicano a que se comprometa a investigar y dar respuesta a los cuestionamientos de los padres”, así como a registrar las coordenadas de las fosas clandestinas y hornos que han sido hallados.
Aseveró que es deber del gobierno contestar por qué hubo reuniones en el C4 la tarde del 26 de septiembre, porque la policía estatal cuidaba el basurero de Cocula 21 días antes de los hechos y cúal fue el destino de las armas utilizadas en
Ayotzinapa.
Ambos, reprobaron la actitud del gobierno federal frente a la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que dictó la Creación de una Comisión de Verdad para el Caso y que posteriormente fue amparada por más de cien recursos de diferentes instancias públicas.
“Me duele que frente a la importante resolución del Tribunal de Tamaulipas se hayan presentado múltiples impugnaciones. Parecería que no se quiere llegar a la verdad en el caso”. Luis Ernesto Vargas, CIDH.
Las denuncias se suman al reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), presentando por el ombusperson Luis Raúl Granados Pérez con el que se ha identificado una segunda ruta de desaparición y se ha comprobado la detención equivoca de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, a quién la PGR señala como posible responsable.
El organismo de derechos humanos nacional entregó desde el 23 de mayo de este año una carpeta de investigación en la que se denuncia que el nombre del implicado “apareció de la nada” en el proceso y no corresponde a las características físicas descritas para el seudónimo de “la rana”, personaje que las autoridades han señalado como clave.
En el evento también estuvieron presentes los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y Alán García, que expresaron su apoyo a las familias, sumándose a la exigencia de la liberación inmediata de Uriel Sandoval.
