Según la investigación en los juicios se falsicaban constancias, no se hacían noticaciones ni emplazamientos de los demandados, no había intervención del Ministerio Público y todas las escrituras de las nuevas adjudicaciones fueron realizadas por un mismo notario.
La Fiscalía también dio aviso al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para que se investiguen las posibles responsabilidades administrativas de los servidores judiciales, así como algunos otros secretarios de acuerdos, noticadores y personal administrativo.
Las investigaciones señalan que las actuaciones se realizaban por personal contratado por el despacho externo y solamente se llevaban para rmas a los jueces, secretarios y noticadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes ya estaban de acuerdo e instruidos por los dos magistrados presuntamente implicados; además hay información de entregas de dinero en efectivo y la promesa de algunas otras prestaciones.
Los delitos por los que se les podría acusar a estas personas son: falsicación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráco de inuencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos
