52 años después. En ese tiempo, fueron 45 mil personas de las que nunca se volvió a saber nada. También fueron 27 mil a quienes se les privó de su libertad, a muchas de ellas por años, quienes aún siguen acostumbrándose a esa nueva vida que los recibió cuando salieron del cautiverio. En total, durante ese medio siglo, ocho millones de colombianos perdieron la vida. Ocho millones de personas a quienes este conflicto les cambió la vida en una guerra más larga que varias de las vistas durante el siglo XX juntas. Medio siglo. Cuánto y cuántos colombianos vivieron en medio de un ambiente tan hostil, por decir lo menos.
Hace unos días, vimos a líderes del mundo acompañar a Juan Manuel Santos en la firma de la paz, de esa tan inalcanzable paz, junto a líderes de las FARC, el grupo responsable de esos tantos años de terror. Fue un evento que se celebró en todo el mundo, pues dio la esperanza de que es posible acabar con los conflictos bélicos. Se nos ocurren varios. Incluso Rodrigo Londoño, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, vestido de blanco, espantado cuando, al dirigir su mensaje tras la firma, pasó cerca de allí un avión militar que le quitó la concentración, pero dijo que ahora, ésta vez, no era para bombardear, sino para celebrar la paz.
La firma de ambos, del gobierno y el grupo armado, significaría el fin de la guerra. No más muertos por este conflicto que se encontraba (bueno, se encuentra) en medio de un cese al fuego.
Sin embargo, los colombianos no pensaron igual. Así lo comenzaron a decir algunas encuestas. Y es que a la firma le seguiría un plebiscito donde los ciudadanos ratificarían su deseo del fin de este conflicto, que a su vez, también significaría el perdón de los daños y los muertos. Al menos así lo entendía un sector, como en el que se identifica al expresidente colombiano, Álvaro Uribe, quien gobernó a Colombia hasta 2010, y quien la semana pasada, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, dijo: “Si me dicen qué opinamos del guerrillero raso, si no se sanciona adecuadamente a los cabecillas, a los mayores responsables, se crea un mal ejemplo (...) mire el mal ejemplo que se dio.
El país en ese momento tenía 47 mil hectáreas de droga, hoy tiene 200 mil, esto es un tema de impunidad sumamente grave, que da mal ejemplo”. Aseguró que la firma de este acuerdo, equivaldría —dirían muchos— a que en México se le perdonara a Joaquín El Chapo Guzmán (o cualquier otro líder de un cártel de narcotráfico) todos los crímenes, las muertes, los desaparecidos, el que miles de personas tuvieran que abandonar su hogar para buscar tranquilidad.
Según el acuerdo firmado, ningún integrante de las FARC pisará la cárcel, aun con delitos confesados; se les quitarán algunos derechos, como el de libre tránsito, y tendrán que trabajar en programas comunitarios. El acuerdo es otorgar amnistía a quienes por tantos años cometieron atrocidades a cambio de nunca, nunca más volver a esos tiempos de horror. El beneficio, claro está, es darle al pueblo colombiano la garantía de que este conflicto ha llegado a su fin. Pero la duda que hizo que ese poco más del 30% de colombianos habilitados para votar el domingo optara por el “no” a la paz fue sobre la percepción de la justicia en el acuerdo. Y es que aquí se habla de justicia, más que para el pueblo que hoy tiene la posibilidad de esa libertad y esa paz, para aquellas miles, millones de víctimas de este larguísimo conflicto (en donde también se involucraron algunos altos mandos del gobierno).
Es un debate profundamente complicado, por eso ese pequeño número de diferencia entre los que votaron por el “sí” y el “no”, fueron apenas unos 50 mil votos los que dieron la victoria al “no” a la paz, al menos bajo esas condiciones.
