Roberto Campa afirma que el tema de los desaparecidos es vital en la agenda pública
CIUDAD DE MÉXICO.- A más de un año y medio de encabezar la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa afirma que el tema de los desaparecidos es vital en la agenda pública.
En entrevista, admite que es imposible no involucrarse emocionalmente con las víctimas de cualquier delito, pero sobre todo con las que tienen familiares desaparecidos.
“Estoy convencido de que el tema principal que tenemos en materia de derechos humanos en nuestro País es el tema de desaparición”, señala.
“Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con nuestra responsabilidad y revertir esta situación”.
Campa recuerda que para tratar este tema ha tenido que ir a Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Guerrero, pero con más intensidad, en los últimos meses, a Veracruz. Ahí, por ejemplo, ante un colectivo de familiares de personas desaparecidas, informó de la identificación del hijo de una de las madres presentes. Su llanto fue desgarrador, pero lo fue aún más el de las otras mujeres que seguían sin saber el paradero de su ser querido.
“Es una realidad en donde la certidumbre de la muerte es un consuelo para los familiares”, reflexiona Campa, tras señalar que prácticamente trata todos los días con víctimas de este delito.
Él es uno de los funcionarios del Gobierno federal más cercanos a la discusión de la Ley General sobre Desaparición de Personas, la cual aún está pendiente de ser aprobada en el Senado, para que la Cámara de Diputados la revise y, después, en su caso, sea promulgada.
Para disminuir las desapariciones en el país, Campa es consciente de que hay que garantizar la justicia.
“En lo que coinciden los expertos, y lo discutí con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), es que sólo hay una manera de revertir esta situación y es rompiendo las cadenas de impunidad, garantizando que los perpetradores sean encontrados y llevados ante la justicia”, comenta.
“Y eso es lo que hemos intentado. Se refieren muchas veces los pendientes, pero, por ejemplo, en Ayotzinapa, hoy hay casi 130 personas puestas a disposición de los jueces. En el caso de Tierra Blanca hay 21 personas que hoy están en prisión preventiva y son policías y miembros del crimen organizado”.
El funcionario está consciente de que parte de su labor es recibir los reclamos e insultos de víctimas en el país.
“En muchos casos, cuando estamos hablando de desaparición, las personas tienen sospecha o es realidad que estuvo involucrado un agente gubernamental, y para las víctimas ellos son representantes del Gobierno, son representantes del Estado.
“Y uno es representante del mismo Estado, y entonces, aunque sea muy duro, aunque muchas veces los reclamos sean insultos, gritos, estoy convencido de que particularmente, en ese caso, la autoridad tiene que asumir su responsabilidad y ser sensible”, señala.
En el caso de Nochixtlán, por ejemplo, recuerda que aquél 19 de junio iba rumbo a Bruselas cuando se enteró de los hechos. A su regreso, se reunió con las víctimas.
“En una reunión de a lo mejor dos horas lo único que hicieron fue gritarme asesino, los jóvenes, los que habían recibido impactos de bala, y no me quedaba de otra más que escuchar, poner la cara y aguantar”, narra.
“Yo estoy convencido de que como autoridad estamos obligados a comprenderlos y a atender y escuchar todos los reclamos y todos los cuestionamientos”.
Es por eso, dice Campa, que se debe de incluir a víctimas o familiares en todo el proceso.
