En varias ocaciones había agredido y amenazado de muerte a la ahora occisa
Por instrucciones de un juez, Sergio Galaviz Montes tenía una orden de restricción para no acercarse a su pareja, Zulema Ypiña Medrano, pues tenía fuertes arranques de violencia, además constantemente la amenazaba de muerte.
De acuerdo a la información, la víctima se acercó al Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer en 2016, cuando interpuso una denuncia contra su pareja por el delito de violencia intrafamiliar y amenazas.Ypiña Medrano continuó el proceso legal contra el padre de sus cinco hijos, incluso el caso llegó hasta el Juez de Control, donde se desahogaron las pruebas necesarias para acreditar que era una persona violenta, es por ello que estableció que tenía prohibido acercársele, de lo contrario iría a prisión. Ante esto, la coordinadora del Centro de Justicia para la Mujer, Deyanira Nájera Muñoz, comentó que es uno de los muchos casos de violencia intrafamiliar que se presentaron en la dependencia durante el año pasado.Indicó que la víctima siempre colaboró con las autoridades para seguir el proceso legal en contra de su agresor, incluso nunca desistió, pues estaba cansada de vivir con el miedo de las agresiones y amenazas de su pareja.
Señaló que tienen constancia que el Juez de Control estableció una orden de restricción al acusado para no acercarse a la víctima, ya que temía por su integridad, pues era una persona violenta que constantemente las amenazaba de muerte.
“La verdad es lamentable que se presenten este tipo de casos, donde la violencia intrafamiliar llega a niveles tan extremos que se pierde la vida de la víctima, es por ello que exhortamos a las mujeres que son agredidas a ponerle un alto”, afirmó la coordinadora.
De igual forma, Nájera Muñoz, comentó que actualmente están trabajando en coordinación con la Procuraduría General de Justicia para colaborar en los datos que puedan necesitar en el expediente contra el agresor.
Señaló que la información que tienen es que se encuentra hospitalizado, sin embargo, la dependencia hará lo que sea necesario, buscando que se reúnan las pruebas necesarias para acreditar su responsabilidad por el delito de feminicidio.
