El DIF y la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, en Xochimilco, donde estudiaba la pequeña Fátima, incurrieron en una omisión por no asegurarse que la pequeña viviera en un entorno familiar seguro, a pesar de que tenían indicios de que su situación era precaria.
Ni la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador asistieron a la última reunión del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en octubre pasado.
Así lo dijo en entrevista con Excélsior, Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), quien expuso que “es una responsabilidad legal de la autoridad garantizar la integridad de los niños”.
Y destacó que, en el caso de Fátima, si el DIF local tuvo conocimiento del caso desde 2015, tenían que haberse acercado a la familia, si los padres “requerían atención médica, garantizar que la tuvieran para que pudieran hacerse cargo de la niña”.
En 2016, el DIF cerró el caso. En 2017 una familiar de la niña denunció que existía descuido y negligencia por parte de madre y el padrastro, pero ya no se acercaron a ellos.
Ante ello, Juan Martín insistió en que es obligación legal del DIF local, que recibió esta última llamada, asegurarse que la pequeña estuviera a salvo y dar seguimiento al caso. Por otra parte, Juan Martín criticó la declaración del presidente, quien aseguró que el secuestro y asesinato de Fátima es resultado de la “decadencia y el proceso de degradación progresiva” que vive el país y que “tuvo que ver con el modelo neoliberal”.
Esa respuesta no corresponde a un jefe de Estado”, se trata de “un debido pretexto”, para lavarse las manos y no enfrentar la crisis de derechos humanos de la que son víctimas los menores en México”, afirmó el director de Redim.
