Hasta el momento, los familiares de la señora Juanita Aldape, quien murió atropellada por un camión de personal en la zona Centro, no se han puesto de acuerdo en el monto económico para la reparación del daño, por lo que podría consignarse el expediente a la autoridad judicial.
De acuerdo a la información de la Agencia del Ministerio Público, la familia de la fallecida hizo una solicitud inicial que fue desechada por la aseguradora al considerarla excesiva, sin embargo se les hizo un ofrecimiento que hasta el momento no han aceptado, pues aún quieren un poco más.
El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora comentó que cuando se presenta un homicidio doloso de este tipo se busca que los involucrados lleguen a un acuerdo reparatorio para evitar el procedimiento legal.
Señaló que el Agente del Ministerio Público sirve únicamente como mediador entre los involucrados pero no puede establecer un monto en específico porque se tiene que analizar la situación.
Aseguró que en este caso se celebró un acuerdo reparatorio que hasta el momento no ha sido cumplido de la parte que ha sido señalada como responsable, pero aún no se ha fijado una cantidad exacta porque no se ha establecido.
Dijo que hay algunos ofrecimientos de cantidades específicas, los cuales no han sido aceptados por la familia, sobre todo por uno de los miembros que ha manifestado su inconformidad de los ofrecimientos.
Indicó que si bien es cierto la unidad estaba resguardada se puede solicitar su devolución ante la tardanza de un acuerdo reparatorio, pues es un medio donde la empresa afectada tiene un método de subsistir.
“Nosotros no podemos imponer una cantidad porque tal vez la empresa o la aseguradora no puedan cubrirla o esté fuera de la realidad, pero tampoco obligar a la familia a que acepte algo que no esté de acuerdo, pues solo fungimos como mediadores”, recalcó el delegado.
De igual forma, Chaires Zamora comentó que en caso de continuar la falta de un acuerdo entre los involucrados continúan las averiguaciones y se consigna el expediente a la autoridad judicial para que ellos definan el monto que se tiene que pagar.
