Recursos etiquetados para la construcción de la Presa Rompepicos, tuvieron que ser devueltos al Gobierno Federal por segunda ocasión, debido a que no han concluido las negociaciones con siete propietarios de los terrenos donde se construirá el dique.
El proyecto de construcción comenzó en 2004 y fue apenas hasta 2015 cuando se elaboró el proyecto ejecutivo.
En 2016 se etiquetaron los primeros recursos por medio de la Comicion Nacional del Agua (Conagua), pero estos se tuvieron que regresar debido a que no se pudieron ejercer.
Precisamente esta semana, se resolvió un fallo a favor del Municipio contra juicios de amparo promovidos por los siete propietarios.
Ayer mismo, el alcalde Fernando Purón Johnston, pidió hablarle claro a la gente de Villa de Fuente, refiriéndose al caso de la abogada Mirtala Barrera, defensora de estas personas que se ampararon, dijo que la litigante mintió durante una entrevista local, al asegurar que las autoridades nunca hablaron de precios con los propietarios de los predios.
Sin embargo, argumentó que en el documento hay un párrafo donde la abogada especifica que “las autoridades quieren pagar valor catastral, y yo quiero que me paguen valor comercial”.
El primer edil lanzó un exhorto a los dueños de los predios donde se construirá la presa, para que se acerquen a negociar, y de esa manera se construya la obra y así se eliminen los riesgos de inundaciones.
Cabe destacar que el costo de la presa oscila los 450 millones de pesos.
Los recursos serán financiados en su totalidad por la Federación, mientras al Estado le corresponde pagar las indemnizaciones por los terrenos afectados.
La presa tendrá la capacidad de almacenamiento y regulación de las aguas generadas en las montañas y luego dejará que fluya el agua a menor escala al Río Escondido y de allí al Río Bravo, pasando por Villa de Fuente y Piedras Negras.
