Las personas hacia quienes han sido giradas órdenes de aprehensión por peculado, derivadas de las investigaciones en cinco municipios que solicitó la Auditoría Superior del Estado, están obligadas a resarcir el daño económico que causaron al erario público, afirmó el Fiscal Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier.
Aunque no precisó los montos, el Fiscal Especial recalcó que hubo conductas delictivas graves, y por ello no se puede minimizar el actuar de la justicia en contra de los responsables, independientemente de las cifras en los desvíos
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Respecto a la posibilidad de que funcionarios de más alto nivel hayan ejercido alguna acción de hostigamiento a sus entonces empleados para ejercer algún acto ilícito de acuerdo a lo denunciado por la ASE, el Fiscal indicó que hasta el momento no se tienen elementos para afirmar que ello haya ocurrido.
Recordó que se han girado en total cinco órdenes de aprehensión y aunque se han presentado “algunos amparos”, éste no les librará de comparecer ante el Juez de Control y presentar lo que a su derecho convenga, “no quiere decir que de por vida van a estar así, no se le puede sacar la vuelta a este tema”.
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Aceptó que podrían presentar amparos consecutivos al ya presentado pero “a final de cuentas tienen ellos que presentarse a declarar ante el Juez”; en cuanto a los elementos de prueba indicó que son suficientes pues de otra forma no se habrían emitido las órdenes de aprehensión.
Jiménez, Sabinas, Frontera y San Pedro, son algunos de los municipios en que se detectaron irregularidades por la Auditoría Superior del Estado, aunque el Fiscal Especial recalcó que no se ha procedido en específico contra los ex alcaldes sino contra las personas que se ha encontrado responsables de los delitos denunciados.
A su vez, expresó que al menos 70 de las 108 carpetas que se tienen actualmente abiertas son por abuso de autoridad, y los principales involucrados son elementos de seguridad municipales, aunque también se tiene a funcionarios públicos en general.
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Respecto a la posibilidad de que funcionarios de más alto nivel hayan ejercido alguna acción de hostigamiento a sus entonces empleados para ejercer algún acto ilícito de acuerdo a lo denunciado por la ASE, el Fiscal indicó que hasta el momento no se tienen elementos para afirmar que ello haya ocurrido.
Recordó que se han girado en total cinco órdenes de aprehensión y aunque se han presentado “algunos amparos”, este no les librará de comparecer ante el Juez de Control y presentar lo que a su derecho convenga, “no quiere decir que de por vida van a estar así, no se le puede sacar la vuelta a este tema”.
Aceptó que podrían presentar amparos consecutivos al ya presentado pero “a final de cuentas tienen ellos que presentarse a declarar ante el Juez”; en cuanto a los elementos de prueba indicó que son suficientes pues de otra forma no se habrían emitido las órdenes de aprehensión.
Jiménez, Sabinas, Frontera y San Pedro, son algunos de los municipios en que se detectaron irregularidades por la Auditoría Superior del Estado, aunque el Fiscal Especial recalcó que no se ha procedido en específico contra los exalcaldes sino contra las personas que se ha encontrado responsables de los delitos denunciados.
A su vez, expresó que al menos 70 de las 108 carpetas que se tienen actualmente abiertas son por abuso de autoridad, y los principales involucrados son elementos de seguridad municipales, aunque también se tiene a funcionarios públicos en general.