El combate del Gobierno de Coahuila contra la delincuencia organizada y la investigación de los hechos ocurridos en el municipio de Allende fueron ordenados prácticamente desde el arranque de la actual administración, tal como lo revelan dos oficios firmados por Rubén Moreira Valdez. El primero con fecha del siete de diciembre de 2011, – apenas seis días después de haber asumido Rubén el cargo- y en el que pide al Gobierno Federal, entonces encabezado por Felipe Calderón, apoyo para fortalecer las acciones de seguridad y enfrentar a esos grupos delictivos.

El segundo documento está fechado el 25 de junio de 2012 y dirigido al procurador de Justicia del Estado Homero Ramos Gloria, en el que lo instruye “a llevar a cabo las diligencias ministeriales necesarias para que se investiguen y en su caso se esclarezcan los hechos sucedidos entre el 19 y 20 inclusive, del mes de marzo de 2011 en el municipio de Allende…”.

Ambos oficios fueron obtenidos por La Voz a través de una solicitud de información dirigida al Poder Ejecutivo y dan constancia del momento en que ambas acciones fueron solicitadas por el Gobernador del Estado.

DESDE SU ARRANQUE, la ADMINISTRACIÓN ESTATAL PLANTEÓ TRABAJO COORDINADO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El trabajo coordinado entre el Gobierno de Coahuila y la Federación para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada fue planteado por el actual Gobernador desde el inicio de su gestión. De acuerdo al oficio 1854/2011, con fecha del siete de diciembre de ese año, el Mandatario Estatal señala al entonces Secretario de Gobernación: “La seguridad pública es una de las funciones primarias y por ende, prioritarias del Estado; garantizar la paz y la tranquilidad, así como la protección de la integridad física de las personas y de sus patrimonios es una condición indispensable para generar las opciones de desarrollo que requiere la sociedad.

En los últimos años, en diversas regiones del territorio de Coahuila se han presentado hechos violentos provocados en gran medida por los embates de la delincuencia organizada, que, a la par de la intranquilidad social que producen sus enfrentamientos y disputas por el control territorial y de negocios ilícitos, han provocado una importante escalada en el índice de delitos del orden federal y común de alto impacto, marcados de manera significativa por la violencia con que se cometen”.

Más adelante, el documento señala: “El acceso a cuantiosos recursos provenientes de actividades ilegales, la amplia capacidad de desplazamiento y el armamento con que cuentan los grupos del crimen organizado, representan un verdadero desafío para las fuerzas de seguridad de cualquier orden de Gobierno, por lo que la suma de recursos y capacidades es la mejor opción para un combate más efectivo contra este fenómeno que amenaza la paz y la estabilidad de comunidades enteras.

Por lo expuesto, en mi carácter de Gobernador Constitucional del Estado me permito solicitar el apoyo y colaboración en materia de seguridad al Gobierno Federal, solicitando sea el amable conducto ante el Titular del Ejecutivo Federal, para que las fuerzas armadas de la nación participen en forma coordinada con las fuerzas estatales, con pleno respeto a los derechos humanos y en el ejercicio exclusivo de las competencias que a cada orden de gobierno le corresponden, a fin de fortalecer las acciones legales en materia de Seguridad Pública en la Entidad”.

El oficio firmado por Rubén Moreira, señala en su parte final llevar copia para el entonces secretario de la Defensa Nacional, general de división D.E.M., Guillermo Galván Galván.

INVESTIGACIÓN SOBRE CASO ALLENDE FUE ORDENADA DESDE 2012

A su vez, la investigación sobre lo sucedido en el municipio de Allende fue instruida por el Ejecutivo del Estado en junio de 2012, a poco más de seis meses de haber iniciado la administración.

Fechado el 25 de junio de 2012, un oficio dirigido al entonces procurador Homero Ramos y firmado por Rubén Moreira establece:

“De acuerdo con el orden constitucional y legal, al Estado le corresponde velar por la seguridad de quienes residen en la Entidad, así como procurar justicia a favor de los gobernados, al titular del Poder Ejecutivo le corresponde desarrollar las acciones necesarias para tal efecto, así como dictar los acuerdos conducentes para que quienes lo auxilian en el cumplimiento de esas obligaciones y deberes ejecuten todo aquello que legal y jurídicamente sea necesario para lograr esa seguridad y procurar justicia.

En ese sentido, es indispensable que la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuya titularidad le corresponde, lleve a cabo las diligencias ministeriales necesarias para que se investiguen y, en su caso, se esclarezcan los hechos sucedidos entre el 19 y 20, inclusive, del mes de marzo del año 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, lo cual ha sido comentado a este Ejecutivo del Estado.

En virtud de ellos, agradeceré a usted iniciar la averiguación previa correspondiente y en su caso y momento, consignar al juez penal correspondiente dicha averiguación a efecto de que se impongan las sanciones penales.