Cd. Acuña, Coah.- Luego de presentar una denuncia ante la quinta visitaduría de la CDHEC, contra autoridades de la Fiscalía General de Justicia y elementos de la policía, por presunto abuso, cometidos contra 17 ejidatarios adultos y tres menores, habitantes del centro de población Braulio Fernández Aguirre, solicitaran el cese de quienes intervinieron en estos hechos.
Martin Gómez Caldera, uno de los detenidos por los hechos referidos, ocurridos el fin de semana pasado, adelanto que pedirán la destitución del coordinador de agentes del ministerio público Noé Tovar Hernández, así como de un comandante de la Policía, de la misma forma acudirán ante el gobierno estatal para denunciar los hechos que afectaron a las familias.
De no prosperar las denuncias ante el gobierno de Coahuila, acudirán a la ciudad de México, ante autoridades federales para proceder contra quien resulte responsable; “Iremos hasta las últimas consecuencias”, afirmo.
Dijo que tras ser liberados los 17 ejidatarios, decidieron solicitar la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, con el fin de que intervenga y se proceda por parte de la autoridad competente para que se sancione a quienes dieron la orden de la detención arbitraria, donde se violaron todos los derechos de los adultos y tres menores de edad, que fueron llevados a la cárcel donde permanecieron durante 72 arrestadas y luego fueron puestas en libertad sin ningún cargo.
“Estamos seguros que fue una detención orquestada y solapada por algún funcionario, con la complacencia del coordinador de agentes del ministerio publico Noé Tovar Hernández, y un comandante de la policía”, dijo Gómez Caldera.
Por ello se solicitara el cese de dichos funcionarios y que se proceda en consecuencia porque siguen utilizando a la fuerza pública como un brazo para cometer violaciones a la ley, afectando a personas que no han cometido delito alguno, sostuvo.
Este viernes ofrecerán una conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores de las acciones que emprenderán contra los servidores públicos que violentaron los derechos de los detenidos, apunto.
