Saltillo, Coah.- En opinión de uno de las organizaciones que agrupan a familiares de víctimas de feminicidio, el decreto de protección emitido esta semana por el Gobierno de Coahuila no tiene los alcances de los compromisos que la administración estatal asumió en la materia, por lo que llevarán el caso a instancias internacionales.
El Gobierno de Coahuila expidió un decreto para salvaguardar los derechos de 18 hijos de mujeres víctimas de feminicidio en Torreón; ante ello Sandra Soto, integrante de la “Fundación Serymar Víctimas y Huérfanos de Feminicidio”, dijo que no se cumple con acuerdos pactados por lo que recurrirán a instancias internacionales, ante lo que consideran una burla por parte de las autoridades estatales.
Dijo que ya se tenía previsto para el mes de noviembre la presentación de los casos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, para que supervisen que la entidad y el país no están cumpliendo con la protección a los derechos de los niños; al añadir que la reunión en que se dio a conocer el programa de “Protección Integral de Niños y Niñas Víctimas de la Violencia Feminicida”, se les manejó a los familiares como de acuerdo y respuesta a una petición presentada tiempo atrás y firmada por el propio Ejecutivo del Estado, pero terminó siendo un evento unilateral gubernamental en el que no se les permitió participar.
Destacó que hay diez niños más que no fueron admitidos por el Gobierno de Coahuila para ingresar al programa, además de que no se ha determinado por la propia autoridad procuradora de justicia, cuántas víctimas existen por estos delitos contra mujeres. “Este apoyo se supone que era un programa emergente y se iba a integrar a los que yo traía de la queja y los que se sumaran; nos presentan un acuerdo del Gobernador y el Secretario de Gobierno que nosotros no firmamos”, indicó.
Expresó que la queja que se presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la falta de acción en torno a la protección de los derechos de los niños víctimas de esta situación, derivó en una solicitud al Gobierno Estatal para restituir dichos derechos y la petición fue precisa respecto a varios rubros.
Entre ellos una pensión mensual de seis mil pesos que significaban 200 pesos diarios para cada menor; una despensa con alimentos no perecederos para su adecuado y sano desarrollo, atención a las víctimas con perspectiva de género; la atención jurídica de los niños al quedar huérfanos; otorgarles una beca educativa privada a fin de evitar su estigmatización, así como la atención básica de salud en el Hospital del Niño.
Sin embargo “nos encontramos con toda una escena montada en la que hubo un programa bien definido, como un apoyo está súper bien pero nosotros no pedimos un apoyo, exigimos un derecho”.
El Programa de Protección Integral contempla un pago de 4 mil pesos bimestral que significa 60 pesos diarios y equivale a la cuarta parte de lo solicitado, la incorporación al Seguro Popular en lugar de la atención en el Hospital del Niño y la entrega de una “tarjeta rosa” en lugar de una beca educativa.
“Yo tengo 65 quejas a nivel nacional, diez son de Coahuila y tres más que no están contemplando, es decir son 13 en total… nosotros no necesitamos ni buenos esfuerzos ni buenas intenciones; necesitamos soluciones, por eso utilizamos las instancias pertinentes y esta es la respuesta de Coahuila: ineficiente”.
