A días de terminar el año, quiero dedicar este articulo a todas las que se fueron y ya no están entre nosotras. Sí, esta columna guardara luto en sus oraciones, por aquellas mujeres que fueron víctimas de la verbalidad obscena, el acoso de tipo sexual a pasar a la violación y su muerte.

Hablo de Mara Fernanda Castilla, Lesvy Osorio, Jessica Serrano, Valeria Gutierrez, como los casos de feminicidio con mayor cobertura de este 2017, aunque ellas no fueron las únicas. También están “las invisibles”: de las que no se habla, las que no estuvieron en la pantalla, pero si dentro de una cifra o como detonantes de la alerta ámbar.

En México, cada veinticuatro horas siete mexicanas son asesinadas, solo y por el simple hecho de ser mujer, solo un 25% de los casos son investigados como feminicidios, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Un reflejo del discurso de violencia que se tiene en nuestro país contra el genero femenino.

El término feminicidio denuncia la violencia machista, donde el odio a la condición de la mujer es el principal motivo que impulsa al perpetrador a ser agresivo. Un feminicidio no es un simple homicidio, sino el ataque deliberado por la condición de género.

Ya no solo son “Las muertas de Juarez” los demonios de Campo algodonero se extienden por todo México. Si bien, el asesinato de mujeres en México cobró notoriedad internacional en 1993, cuando comenzaron a denunciarse públicamente los casos de mujeres asesinadas en la fronteriza al norte de México. Tuvieron que pasar casi 20 años para que el país incluyera en su Código Penal el delito de feminicidio. Sin embargo, miles de familias siguen suplicando, reclamando y exigiendo justicia para sus parientes o para todas aquellas mujeres que no fue posible identificar.

Lo cierto, es que el estatus subordinado de las mujeres en la sociedad, la pobreza, la privación y el temor de represalias hacen que sea difícil para ellas resistirse o quejarse. Al mismo tiempo, que el ámbito de las lealtades entre servidores educativos, policiales y fiscales suelen trasladar las responsabilidades a ellas, dejando a los perpetradores impunes, lo que permite relaciones de poder entre géneros con pivote permanente de la agresión.