Sin mencionar que durante el 2018, la administración del presidente Enrique Peña Nieto destinó mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado para reforzar la defensa de los mexicanos en Estados Unidos, que enfrentan procesos de deportación o que se encuentran en una situación vulnerable.
Pese a ello, el gobierno de López Obrador estimó que la Dirección de Servicios Consulares, que durante este año atendió a por lo menos 175 mil 745 mexicanos por violaciones a sus derechos humanos o con asistencia en derecho penal, migratorio, civil, laboral o administrativo, pierda 82 por ciento de su presupuesto.
Con lo que estaría recibiendo para el próximo año apenas 42 millones 27 mil 439 pesos en comparación con los 235 millones 278 mil 601 pesos que tuvo este año para la atención de los mexicanos que se encuentran fuera de México y requieren de asistencia.
Fuentes de la Cancillería señalan que incluso la nueva administración pretende eliminar el programa de atención a mexicanos sentenciados a pena de muerte en el extranjero que logró en el último año que 33 mexicanos en todo el mundo fueran ejecutados y que actualmente atiene a 69 más que han sido sentenciados a la pena capital.
A pesar de estos recortes, el gobierno federal prevé aumentos en otras áreas como son los proyectos de inversión en inmuebles; así como la promoción y defensa de México en el ámbito multilateral, aunque hasta ahora la nueva administración no ha delineado su política exterior.
