El asesinato del juez de amparo Vicente Antonio Bermúdez Zacarías no es el primero que sufren personajes importantes del Poder Judicial y si no se cambia profundamente la dinámica de protección sobre los jueces, tampoco será el último.
En abril de 1993, estaba desayunando con el entonces procurador General de la República, Jorge Carpizo, cuando le informaron del asesinato de Rodolfo Álvarez Farber, hasta pocas semanas antes procurador de Justicia en Sinaloa y antes delegado de la Procuraduría General de la República en esa entidad. El asesinato de Álvarez Farber fue muy similar al del juez Bermúdez. Cuando el exprocurador estaba haciendo sus ejercicios matinales en el Parque Hundido en el sur de la Ciudad de México, se acercó por detrás una pareja que le disparó en la cabeza, murió en el
acto.
Carpizo, aquella mañana estaba conmocionado cuando fue informado de la muerte de Álvarez Farber. Era evidente que el asesinato tenía relación con el crimen organizado, pero nunca antes se había dado un ataque de esa naturaleza contra un funcionario de alto nivel. No sabía Carpizo que unas pocas semanas después se daría el asesinato del cardenal Jesús Posadas Ocampo en Guadalajara, Jalisco y que la muerte de Álvarez Farber sería la que iniciaría una ola de violencia que continuó con la muerte del cardenal, el levantamiento zapatista, el asesinato de Colosio, los secuestros de Harp Helú y Losada, el asesinato de Ruiz Massieu y desde entonces, dos décadas después, la violencia no se ha detenido. Álvarez Farber tuvo en sus manos muchos casos importantes, el más destacado el de la abogada Norma Corona, muerta también por el narcotráfico. Pero Álvarez Farber había llevado casos que afectaron a Miguel Ángel Félix Gallardo, a Héctor Luis El Güero Palma, a Joaquín El Chapo Guzmán y a Juan José Esparragoza, El Azul, además de muchos de sus operadores locales.
Nunca quedó claro, pese a la detención de los autores materiales, quién fue en realidad el que ordenó el asesinato de Álvarez Farber. La muerte del juez Bermúdez debe ser esclarecida, aunque, como entonces, los personajes afectados, de una u otra forma por sus decisiones judiciales, son muchos. Está el Chapo Guzmán, a quien amparó en su proceso de extradición; está Gildardo López Astudillo, El Gil, jefe de los sicarios que mataron a los jóvenes de Ayotzinapa; El Cuini, Abigael González Valencia, jefe de esa organización criminal asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación y no muy lejos de ellos, Naim Libien Kaui, dueño de lo que queda del unomásuno.
Son muchos personajes peligrosos, con poder y que pueden haber ordenado un asesinato de estas características. Hay en todo esto una variante que no se debería descartar. Nadie sabe qué sucedió con la salida de Eduardo Guerrero, como responsable de los penales federales, pero se asegura que la misma tuvo relación con movimientos en el penal de Almoloya.
Son hipótesis, y como esa puede haber muchas más. Lo cierto es que el caso de el juez Bermúdez no debe quedar en la impunidad. Y ello implica no sólo capturar a los asesinos materiales, sino también a los intelectuales.
Y debería, también, llevarnos a reflexionar sobre la protección que deben tener nuestros jueces. En Colombia, cuando los jueces que llevaban casos relacionados con el crimen organizado se habían convertido en las víctimas recurrentes de los sicarios, se tomó la decisión de tener jueces sin rostro, juzgadores que no eran conocidos públicamente y que llevaban los casos relevantes de narcotráfico para evitar, en lo posible, la coacción o las
represalias.
En México se ha propuesto en muchas ocasiones una salida de esas características y siempre se ha rechazado porque se asegura que tener jueces sin rostro distorsiona el sentido de la justicia. Puede ser, pero de otra forma lo que tenemos son jueces sin protección que llevan casos muy delicados, como Bermúdez, y que quedan sujetos a todo tipo de represalias, presiones o corrupción.
