La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala las revisiones corporales y de vehículos sin orden judicial servirá como escudo para que elementos policíacos puedan seguir cometiendo abusos e irregularidades contra los ciudadanos.
Por unanimidad, los magistrados dieron a conocer que pueden realizarse inspecciones corporales, así como de automóviles sin la necesidad de tener una orden judicial poniendo como bandera la seguridad.
Ante esto, el expresidente del Colegio de Abogados, Roberto Ramírez García comentó que la Suprema Corte vence pero no convence, pues ha tomado una decisión que definitivamente se contrapone a los derechos humanos y a lo establecido por la propia constitución.
Señaló que la constitución mexicana establece en los artículos 14 y 16 que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o domicilio sin contar con una orden judicial que esté fundada y motivada.
Indicó que los litigantes a diario atienden quejas de esta naturaleza donde elementos de todas las corporaciones policíacas abusan de su autoridad y realizan revisiones corporales, de unidades, incluso hasta en domicilios, de manera arbitraria.
Aseguró que muchas personas prefieren no seguir un proceso legal por temor a represalias o porque resultaría más costoso, sin embargo los elementos policíacos han actuado de manera ilegal cometiendo estos abusos.
Dijo que ahora al contar con el aval de la suprema corte de justicia tendrán mayor autoridad para incurrir en estas revisiones que a todas vistas son ilegales, incluso atentan contra los derechos humanos.
Refirió que esta decisión es para los elementos de cualquier orden de gobierno, es por ello que desde elementos preventivos hasta corporaciones federales podrán realizar estas revisiones irregulares.
Ramírez García comentó que al ser una decisión de la Suprema Corte no existe otro recurso legal al que puedan acceder para evitar este abuso, solamente que se haga una modificación a la ley pero depende de la autoridad federal.
“Tenemos que tener en cuenta que los magistrados únicamente interpretan la ley, pero corresponde a los diputados hacer las modificaciones necesarias para que no se puedan realizar este tipo de actos”, recalcó el litigante.
