Es para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en Coahuila
Saltillo, Coahuila.- Como parte de las acciones con las que ratifica su compromiso de combatir la opacidad y la corrupción, así como garantizar la Transparencia y la Rendición de Cuentas, el Gobierno del Estado presentó ante el Congreso el pasado 13 de junio la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado en materia anticorrupción y la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de armonizar las leyes estatales con el Sistema Nacional Anticorrupción.
Este Sistema Estatal Anticorrupción será el mecanismo mediante el cual se aplicarán las políticas públicas adecuadas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en Coahuila.
En la propuesta presentada destaca la creación del Fiscal Anticorrupción, quien será elegido por las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado con el objeto de que tenga plena autonomía en su actuación.
Se contempla la creación de la Fiscalía General como organismo autónomo, desincorporado del poder ejecutivo.
La designación del Fiscal General se llevará a cabo por el Congreso del Estado bajo el procedimiento que prevé la propia iniciativa, con esto tendrá independencia absoluta en la investigación de los delitos. También se propone que el Tribunal de Justicia Administrativa tenga autonomía y que la designación de sus Magistrados sea ratificada por la mayoría calificada de los diputados.
El Sistema Estatal Anticorrupción contará con un Comité Coordinador integrado por un representante del Consejo de Participación Ciudadana quien será su presidente, así como por autoridades independientes del Poder Ejecutivo, a excepción del Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, como el Auditor Superior que forma parte del Congreso del Estado, del Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, del Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, del Presidente del ICAI y del Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción, estos últimos son o forman parte de organismos autónomos, y por representantes de los municipios.
Es importante privilegiar la participación de la sociedad civil, por ello, se crea el Consejo de Participación Ciudadana integrado por cinco representantes de la sociedad civil, elegidos por una Comisión de Selección formada por nueve ciudadanos designados por el Congreso del Estado.
