CIUDAD DE MÉXICO .- Diez años de combate frontal al crimen organizado ha dejado un saldo de color sangre: más violencia y un incremento en violaciones a los derechos humanos, coincidieron especialistas.
El 11 de diciembre de 2006, el recién llegado a Los Pinos, Felipe Calderón, anunció la Operación Conjunta Michoacán, una acción sin precedentes que con más de 5 mil militares, marinos y agentes federales intervenía toda una entidad.
Ese fue el primer despliegue de lo que el propio ex Mandatario calificara de "guerra".
En retrospectiva, Santiago Corcuera, presidente del Comité contra Desaparición Forzada de la ONU; José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz, y Mario Patrón, del Centro Prodh, coincidieron, por separado, que el legado de esa estrategia de seguridad sólo es impunidad, miles de homicidios y una erosión del Estado de Derecho.
"Se adoptó una mala decisión y se generó un tsunami de sangre que no teníamos", reflexionó Corcuera.
"Era preferible seguir no haciendo lo que Fox no hacía, a hacer lo que Calderón hizo".
Para Guevara, también miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, estos 10 años se resumen en un incremento en las violaciones graves a los derechos humanos.
"En particular un incremento en la tortura, en las desapariciones atribuibles a servidores públicos y un incremento en el número de personas que han sido víctimas de homicidio doloso por parte de servidores públicos en ejercicio de sus funciones", dijo.
Mario Patrón recordó que pese al combate al crimen organizado México sigue siendo el principal proveedor de Estados Unidos de mariguana y goma de opio.
"Un horror, es lo que nos ha dejado esta guerra, pero no hemos disminuido un gramo del consumo de la droga y no hemos encontrado un gramo de justicia", secundó el poeta Javier Sicilia.
