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Coahuila

Vigilan con brazalete a 30 procesados

Por Diana Ortiz - 11 marzo, 2019 - 00:54 a.m.
Vigilan con brazalete a 30 procesadosEn esta oficina es a donde deben acudir a firmar quienes se les obliga presentarse cada 15 ó 30 días.

Más de 150 personas se mantienen vigilados por diferentes medidas cautelares que les son impuestas en procesos judiciales, 30 de ellos son de brazalete electrónico, así lo dio a conocer la titular de esta área, Sonia García Durán.

La funcionaria destacó que en su mayoría las medidas cautelares que los jueces dictaminan de acuerdo al delito que se le imputa a alguna persona son firmas periódicas, la prohibición de salir de la ciudad, y sobre todo, no acercarse a las víctimas.

Sostuvo la entrevistada que las personas a quienes se les considera la firma periódica deben presentarse a hacerlo en la oficina de la calle Juárez en la Zona Centro.

Sonia García Durán, administradora del área de Medidas Cautelares.

Mientras que a los imputados que tienen brazalete se les monitorea por el área especial que tiene la Fiscalía y que se mantienen en constante contacto para informar cualquier eventualidad que se presente.

Dijo que cuando existe alguna situación irregular, ya sea porque la persona no se presenta a firmar, o bien, porque de alguna manera la persona se quita el brazalete o le falla, es entonces cuando se informa al juez y es él quien determina si se debe aplicar alguna sanción al imputado.

Mencionó que cuando existe algún delito que se esté investigando, es el ministerio público quien solicita al juez la aplicación de alguna medida cautelar, de acuerdo a lo que establezca la constitución y la ley penal en el estado, esto con el fin de evitar por ejemplo en el caso de violencia familiar o robo con violencia, que el imputado se acerque a la o las víctimas.

Las firmas se realizan con cierto período, puede ser 15 o 30 días, y será el juez quien determine cada cuánto tiempo debe presentarse a firmar el imputado.

Y hay también casos como en el de violencia familiar, que el juez determina, además de una restricción para evitar que el imputado se acerque a la víctima que reciba terapias psicológicas, mismas que también se establecen dentro de un proceso legal.

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