Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila
Por: marco suarez
SALTILLO, Coahuila.-El presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, se pronunció este viernes sobre el caso del exalcalde de General Cepeda, Pablo Salas, quien fue detenido el jueves pasado por presuntamente agredir a un grupo de mujeres durante un operativo de desalojo.
El exfuncionario, quien había expresado su intención de competir por la reelección en las próximas elecciones, enfrenta ahora un proceso penal que podría comprometer su elegibilidad como candidato.
Rodríguez Fuentes señaló que, si bien el caso se encuentra bajo jurisdicción de las autoridades judiciales y el IEC no puede emitir una resolución definitiva aún, cualquier persona inscrita en el registro de agresores por razones de violencia de género queda automáticamente inhabilitada para contender en un proceso electoral.
"Cualquier persona que se encuentre inscrita en el registro de agresores, especialmente por razones de violencia de género, automáticamente incumple con los requisitos de elegibilidad que establece la Constitución", declaró el Consejero Presidente.
Respecto al caso específico de Pablo Salas, Rodríguez Fuentes se reservó emitir una opinión directa: "No podría pronunciarme directamente porque no conozco los detalles del expediente ni el punto procesal en el que se encuentra".
El incidente que motivó la detención del exalcalde involucra presuntos actos de violencia contra mujeres, situación que, de confirmarse judicialmente, activaría los mecanismos legales que impiden la participación política de agresores con antecedentes por violencia de género.
"Sería necesario que un juez emitiera una sentencia condenatoria y lo registrara formalmente como agresor para que el IEC lo inhabilite como candidato", precisó Rodríguez Fuentes.
El Instituto Electoral de Coahuila reiteró que todas las decisiones relativas a candidaturas se tomarán con base en los lineamientos legales vigentes y en coordinación con las autoridades judiciales, una vez que existan resoluciones firmes.