Por: Mónica Meza
Miguel Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado estuvo en la Región como parte de una gira de trabajo en el Centro de Justicia Penal y los juzgados civiles y familiares.
Estaba acompañado por Juan José Yáñez presidente de sala penal, además de Iván Garza de la sala civil y del Magistrado Cesar Saucedo, en el Centro de Justicia Penal revisó causas asuntos y los juicios que se llevan.
Habló sobre la idea de colocar tribunales unitarios para delitos menores y no necesariamente “quemar” jueces para cuando tienen que avanzar en los juicios.
En los juzgados civiles y familiares, el magistrado busca afinar detalles que tienen que ver con ordenamientos familiares o civiles, estar con el colegio de abogados en la región porque tienen cambio de mesa directiva.
Una de las inquietudes de litigantes ha sido que audiencias en fines de semana se deben posponer, esto debido a que solo se queda un juez de guardia, ocasiona que los lunes vayan retardados.
Por lo que uno de los puntos principales para tener efectividad en las guardias y no se detenga, es que los fines de semana se pueda integrar tribunal para delitos menores que no sean graves, es decir que un solo juez pueda tomar decisiones.
“No hacen falta jueces, pero se debe hacer una reorganización administrativa para guardias en fines de semana y no quemarlos, poder incorporar la figura de tribunales unitarios y no necesariamente hacerlo como hoy que lo hacemos con tres”, comentó.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTRA JUECES EN EL ESTADO
Habló sobre los 250 procesos administrativos disciplinarios que existen y que se siguen revisando, espera que para finales de marzo 100 de estos se estén concluyendo.
Comentó que algunos de los casos no tienen razón de quedarse abiertos, tienen dos, tres años, no hay causa que perseguir, pero otros se siguen con precisión.
“No se abren proceso administrativos para tener ahorcados ni amenazados a los jueces, Han sido sancionados algunos, no solo para jueces sino para secretarios, actuaros”, comentó.
Estas sanciones son inhabilitación temporal y otros hasta han tenido que renunciar por pedir dinero que es la causa más recurrente.
Los 250 asuntos son de todo el Estado, algunos son procedimientos administrativos muy antiguos y archivados que se deben mejorar además de que ya trabajan en la Ley Orgánica que prevé un mejor procedimiento para sancionar a algún funcionario público que cometa alguna falta.