El senador Luis Fernando Salazar señala que más de 14,000 familias sufren por la quiebra de AHMSA, sin recibir salarios.
Por: Adriana Cruz
CIUDAD DE MÉXICO. – En una declaración frontal que sacude el proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), el senador Luis Fernando Salazar, presidente de la comisión encargada de vigilar este caso, rompió el silencio para denunciar lo que calificó como una red de "chicanas" y estrategias dilatorias que mantienen en la miseria a más de 14,000 familias. Salazar, visiblemente indignado, señaló que tras dos años de lucha incansable de los trabajadores, la reciente resolución de declarar desierta la subasta de la siderúrgica no es un error de proceso, sino una maniobra deliberada.
"A estas alturas, yo desconfío del síndico y yo desconfío de la jueza", sentenció Salazar, elevando el tono contra las autoridades judiciales que llevan el concurso mercantil. El legislador, quien también es abogado, fue contundente al afirmar que el estancamiento del caso "huele muy sospechoso" y que se están utilizando tácticas legales para postergar una solución que es de vida o muerte para los obreros, algunos con más de 41 años de servicio, quienes hoy viven "la peor de las desesperaciones" sin recibir un solo peso de sus salarios.
La acusación de Salazar no se detuvo en los tribunales, sino que apuntó directamente hacia la figura de Alonso Ancira. El diputado sugirió que el exdueño de la acerera podría estar operando desde las sombras para descarrilar el proceso de liquidación. "Me parece increíble que estemos sujetos a que probablemente Ancira esté metiendo la mano en las partes que están involucradas", disparó el funcionario, dejando entrever que intereses particulares están pesando más que la justicia para los 14,000 empleados que perdieron su sustento.
Finalmente, Luis Fernando Salazar advirtió que no se puede seguir "sorprendiendo y lastimando" a las familias de la Región Centro de Coahuila con cada mala noticia o retraso procesal. Con esta postura, el presidente de la comisión especial marca una postura de confrontación abierta contra la administración de la quiebra, exigiendo que se detengan las simulaciones y se priorice de inmediato el pago a los trabajadores, quienes son las principales víctimas de este entramado de corrupción y negligencia judicial.