Las manifestaciones en la Ciudad de México buscan el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo de los ex obreros.
Por: Adriana Cruz
En un documento que ha sacudido los cimientos del concurso mercantil más relevante del país, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) puso cifras reales a la tragedia laboral de la siderurgia. La dependencia no solo oficializó un padrón de 13,893 trabajadores con derechos activos, sino que presentó un ejercicio de cálculo que proyecta liquidaciones individuales superiores al millón y medio de pesos.
Para demostrar la magnitud del adeudo ante el Juzgado Segundo de Distrito, la PROFEDET incluyó en su oficio No. A00/PG-001/2026 un ejemplo real de un trabajador con 27 años de antigüedad. El desglose es contundente:
* Indemnización y 20 días por año: Alcanzan un total de $841,731.88 pesos.
* Prima de antigüedad: Suma $250,936.37 pesos.
* Salarios caídos: Se cuantificaron en $474,270.05 pesos, correspondientes a un año previo a la quiebra.
* Total bruto para este perfil: $1,594,170.05 pesos (equivalentes a 184,325.13 UDIS).
La PROFEDET determinó que para cubrir a la totalidad de la plantilla que logró acreditar su relación laboral, las empresas deben desembolsar sumas históricas:
* AHMSA (9,863 trabajadores): $11,824,946,075.34 pesos.
* MINOSA (4,030 trabajadores): $2,372,801,862.85 pesos.
Mientras estas cifras se dan a conocer, la presión social escala. Ex obreros se encuentran actualmente en la Ciudad de México manifestándose, en una lucha frontal por exigir que se respete el pago íntegro de acuerdo a su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), el cual contempla beneficios muy superiores a los básicos de ley.
Sin embargo, el informe de la PROFEDET marca una postura técnica rígida: el cálculo presentado se basa primordialmente en la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo. Aunque la Procuraduría incluyó por separado las prestaciones extralegales (vacaciones, prima y aguinaldo) y los aumentos salariales no aplicados de 2022 a 2024 —que suman un 57% acumulado—, advirtió que su inclusión final en el cheque de los trabajadores queda estrictamente bajo el "criterio del Juzgado Mercantil".
Con la entrega de seis cajas de expedientes físicos y unidades de almacenamiento masivo con las bases de datos de cada trabajador, la PROFEDET traslada la responsabilidad final al Poder Judicial para ejecutar el pago de estos recursos que representan la supervivencia de miles de familias en la región centro de Coahuila.