El equipo legal de Ancira argumenta que la crisis financiera de Altos Hornos dificultó el cumplimiento de los acuerdos.
Por: Staff / La Voz
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal reactivó la orden de aprehensión en contra del empresario Alonso Ancira Elizondo, expresidente del consejo de administración de Altos Hornos de México, debido al presunto incumplimiento de los acuerdos reparatorios establecidos con Petróleos Mexicanos. La resolución judicial responde a una solicitud expresa de la Fiscalía General de la República tras determinar que el exdirectivo de la siderúrgica no completó en los plazos legales los pagos millonarios correspondientes a la reparación del daño por la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes chatarra Agronitrogenados.
Un juez federal reactivó la orden de aprehensiónDe acuerdo con los registros del expediente judicial, el pacto original obligaba al industrial a cubrir un monto total superior a los 216 millones de dólares como condición indispensable para suspender el ejercicio de la acción penal en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades fiscales informaron que, tras el vencimiento de las prórrogas concedidas y ante la falta de liquidez demostrada por la empresa y sus garantes, se determinó revocar los beneficios procesales previamente otorgados, ordenando de inmediato a las corporaciones de seguridad federales la localización y captura del imputado.
Argumentos del equipo legal de AnciraPor su parte, el equipo legal del empresario argumentó que las complejas condiciones financieras y la parálisis operativa que atraviesa la planta de Altos Hornos de México dificultaron la consolidación de los flujos de capital necesarios para saldar el último dividendo estipulado. Los defensores analizan la interposición de un juicio de amparo para frenar el mandato judicial, mientras la fiscalía federal mantiene la alerta ante las instancias migratorias para evitar que el procesado abandone el territorio nacional, reabriendo así uno de los capítulos de corrupción corporativa más vigilados por la actual administración.