El caso de la escuela Juan Gil se suma a otros incidentes similares en el sistema educativo, generando alarma entre padres de familia.
Por: Adriana Cruz
En medio de la indignación social por los casos de presuntos abusos sexuales cometidos en planteles escolares, otro maestro señalado recurrió a un amparo para frenar parte del proceso judicial en su contra, ahora en el caso de la escuela Juan Gil, donde se investiga el presunto abuso de una alumna menor de edad.
El hecho revive la preocupación de padres de familia y de la comunidad educativa, pues no es el primer caso en que un docente acusado busca protección federal, ya que recientemente también trascendió un caso similar en un jardín de niños, donde el profesor investigado igualmente se encuentra amparado.
La Ministerio Público Diana Mostacero, adscrita al Centro de Empoderamiento, confirmó que en el caso de la Juan Gil el imputado promovió un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra, lo que impidió en su momento que dicha orden se ejecutara de inmediato.
Aunque aclaró que por tratarse de un caso de delitos sexuales contra una menor la información debe manejarse con carácter reservado, la funcionaria dio a conocer que la carpeta de investigación fue iniciada el 26 de agosto de 2025, tras la denuncia presentada por la madre de la víctima.
Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión el 11 de septiembre, misma que fue concedida por el juez el 12 de septiembre de 2025, para llevar al señalado ante la autoridad judicial.
Sin embargo, el juzgado federal notificó que el investigado había promovido un juicio de amparo contra la orden de captura, obteniendo una suspensión del acto reclamado, lo que detuvo temporalmente la ejecución de dicha medida.
Pese a ello, la Ministerio Público precisó que el señalado fue finalmente vinculado a proceso el 3 de noviembre de 2025, por lo que el caso no está detenido por completo y continúa dentro del procedimiento penal.
Actualmente, el expediente se encuentra en la fase de investigación complementaria, cuyo plazo vence formalmente el 3 de mayo de 2026. No obstante, una vez que concluya este periodo y el asunto avance a la etapa intermedia, el proceso podría suspenderse temporalmente mientras se resuelve de manera definitiva el amparo en la vía federal.
Mostacero dejó en claro que el amparo no resuelve si existió o no el abuso denunciado, sino que únicamente revisa si hubo o no irregularidades en la forma en que se condujo el procedimiento penal y en las medidas emitidas por la autoridad.
Mientras tanto, el imputado permanece sujeto a medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente ante la UMECA, así como la prohibición de acercarse, intimidar, molestar o tener contacto con la víctima y su familia.
Cuestionada sobre si se está volviendo común que maestros acusados de este tipo de delitos recurran al amparo, la funcionaria respondió que se trata de un derecho constitucional de cualquier ciudadano que considere vulneradas sus garantías, por lo que no es un recurso exclusivo de docentes.
No obstante, el hecho de que otro maestro señalado por presuntos delitos sexuales se encuentre bajo la protección provisional de un amparo vuelve a encender la preocupación pública, especialmente porque ya existe el antecedente de un docente de preescolar en una situación similar.
Sobre la existencia de más denuncias contra personal docente por abuso sexual o violación, la Ministerio Público indicó que sí hay otros casos, aunque aseguró que no representan una mayoría ni un foco rojo generalizado dentro del sistema educativo.
Aun así, el patrón empieza a generar alarma entre padres de familia: dos casos distintos, dos docentes señalados y dos procesos donde el amparo aparece como un factor que retrasa o condiciona el avance judicial, mientras las víctimas y sus familias siguen esperando que la justicia llegue sin más obstáculos.