La falta de certeza jurídica en el nuevo esquema de elección del Poder Judicial ha llevado a que inversiones nacionales y extranjeras se mantengan frenadas en el país.
Por: Gerardo Martínez
El aplazamiento de la elección de jueces, magistrados y ministros del 2027 al 2028 evidencia que el Gobierno Federal comenzó a reconocer los efectos negativos de la Reforma Judicial sobre la economía y la confianza de los inversionistas", indicó el empresario Carlos Elizondo Delgado.
Luego de que la Presidenta de la República solicitara cambiar la fecha de la elección para la elección de juzgadores, el empresario señaló que la falta de certeza jurídica derivada del nuevo esquema de elección del Poder Judicial mantiene frenadas inversiones nacionales y extranjeras en el país.
"Creo yo que se está dando cuenta de los errores que se cometieron en esta elección atípica, cómo se pusieron a los integrantes del Poder Judicial por medio de una votación amañada, con listas y acordeones".
Elizondo Delgado consideró que la presión de los organismos internacionales y del sector privado obliga al Gobierno Federal a replantear la implementación de la reforma, por lo que se llevará a cabo un análisis.
"Se está dando cuenta del resultado de la Reforma Judicial que ha tenido un impacto en la inversión extranjera y nacional, la cual está frenada de forma muy importante por la falta de certeza jurídica".
Señaló que la desconfianza se agravó por el perfil de algunos integrantes que llegaron al Poder Judicial mediante elección popular, en donde se ha demostrado la incapacidad o la falta de conocimiento de los juzgadores.
El empresario aseguró que la caída de inversiones ya impacta en la generación de empleos y en la actividad económica de distintas regiones del país.
"No estamos hablando en particular de la región Centro, estamos hablando de todo el país en donde grandes inversiones están detenidas por el temor y falta de certeza jurídica tras la implantación de la reforma".
Consideró que el eventual aplazamiento de la elección judicial abre la posibilidad de revisar nuevamente la reforma para restablecer condiciones de confianza.