La Defensoría Pública Electoral busca acercar sus servicios a comunidades en desventaja en Monclova.
Por: Diana Ortiz
La Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lleva sus servicios gratuitos de asesoría y representación en derechos político-electorales directamente a comunidades y grupos en situación de desventaja, con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia electoral.
Claudia Valle Aguilasocho, magistrada de la Sala Superior del TEPJF, explicó que el programa de atención itinerante busca acercar estos servicios a regiones donde históricamente no había presencia de defensorías públicas.
Señaló que la Defensoría Pública Electoral brinda atención gratuita en asuntos relacionados con derechos político-electorales, los cuales no se limitan a votar o ser votado, sino que también incluyen el derecho a la representación, la accesibilidad y la participación de distintos grupos sociales.
"Los grupos sociales en desventaja, las poblaciones indígenas, las poblaciones con alguna discapacidad necesitan primero tener accesibilidad para llegar a poder votar", explicó.
La magistrada indicó que durante 10 años la Defensoría ha atendido más de 6 mil casos; sin embargo, consideró necesario llevar los servicios hasta las comunidades donde resulta más difícil acceder a asesoría o representación especializada.
Como parte de esta estrategia, el programa comenzó a recorrer siete regiones del país. La ruta inició en Papantla, Veracruz; posteriormente llegó a la Sierra Norte de Puebla y ahora se encuentra en Monclova, para continuar en Múzquiz.
Valle Aguilasocho explicó que la elección de Monclova obedeció a que sus servicios permitieron reunir a pueblos y comunidades de la región, mientras que el objetivo principal es acercarse a las comunidades y no concentrar la atención en las capitales.
En Múzquiz, agregó, las defensoras y defensores públicos continuarán con las actividades de atención.
La magistrada señaló que uno de los derechos que más reclaman las comunidades indígenas es el de representación, así como la posibilidad de administrar directamente los recursos que les corresponden.
Explicó que, aunque estos recursos generalmente llegan a municipios o ayuntamientos, existen comunidades indígenas que se rigen mediante sus propios sistemas y cuentan con autoridades propias, por lo que reclaman ejercer directamente la administración de esos recursos.
También destacó la atención a personas con discapacidad y de la diversidad sexual, particularmente para acceder a cargos de elección popular mediante acciones afirmativas.
En estos casos, la Defensoría Pública Electoral ofrece asesoría y representación para que las personas puedan hacer valer sus derechos.
Valle Aguilasocho aclaró que las acciones afirmativas no dependen de una cuestión de aceptación, sino que buscan visibilizar y representar a grupos históricamente excluidos.
Explicó que estas medidas pueden surgir por decisión de los partidos políticos o mediante lineamientos emitidos por las autoridades electorales estatales para cada proceso electoral.
La magistrada destacó que uno de los objetivos de la reunión realizada en la región es conocer y reconocer a los pueblos indígenas transfronterizos que tienen presencia en Coahuila y que mantienen elementos culturales y comunitarios pese a habitar entre México y Estados Unidos.
Indicó que también se busca que personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y otros grupos de la región conozcan los servicios de la Defensoría Pública Electoral y sepan cómo acceder a ellos a distancia.
"En la medida en que se conocen los derechos, se ejercen", afirmó.
Valle Aguilasocho detalló que la Defensoría Pública Electoral cuenta con 25 defensoras y defensores públicos, de los cuales aproximadamente la mitad participa en las actividades de esta jornada.
Añadió que, durante sus 10 años de operación, los principales grupos atendidos han sido pueblos y comunidades indígenas, personas adultas mayores, personas en reclusión, integrantes de la diversidad sexual y personas migrantes.
La funcionaria subrayó que las estadísticas de la Defensoría registran los servicios proporcionados y no un porcentaje de la población, debido a que no todas las personas requieren atención por algún problema relacionado con sus derechos político-electorales.