La exjueza María Inés Hernández Compeán critica la falta de claridad en los procesos de pago del CJF.
Por: Adriana Cruz
El retiro digno que debía reconocer años de servicio dentro del Poder Judicial se ha convertido —según denuncias internas— en una "peregrinación burocrática" para alrededor de 280 jueces y magistrados del país. Así lo afirmó la exjueza del Juzgado Cuarto de Distrito, María Inés Hernández Compeán, quien acusó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de aplicar procesos de pago selectivos y sin claridad para quienes quedaron fuera del primer grupo beneficiado por la reforma judicial.
De acuerdo con Hernández Compeán, los pagos de terminación han sido cubiertos únicamente para los funcionarios programados para salir en 2025, mientras que quienes corresponden al ciclo 2027 permanecen en incertidumbre, pese a que muchos ya concluyeron su relación laboral por renuncia o jubilación. "Excluyeron a los del 2027 sin considerar que muchos ya salieron por jubilación o renuncia, y están en el mismo supuesto legal porque declinaron participar en las elecciones", señaló.
La exjueza señaló que los trabajadores afectados han sido instruidos a remitir su documentación vía correo electrónico para una supuesta atención personalizada, pero hasta el momento las respuestas han sido nulas. La falta de información oficial ha generado un ambiente de confusión entre los abogados, quienes aseguran depender de comentarios y versiones extraoficiales para conocer el avance de sus solicitudes. "No se justifica que cada titular tenga que estar explicando su situación y enviando documentos para convencerlos de que requieren el pago, cuando la ley ya señala que, si concluyó la relación laboral, se tiene que liquidar forzosamente", sentenció Hernández Compeán.
Entre los puntos más preocupantes expuestos por los afectados se encuentran dudas sobre la disponibilidad real de recursos en los fideicomisos destinados a cubrir indemnizaciones. La incertidumbre surge ante señalamientos internos de que "ya no hay dinero" para cumplir con los pendientes. Incertidumbre financiera: Se reporta que el CJF argumenta falta de fondos para continuar con los pagos.
Destino desconocido: Existe preocupación sobre si el capital de los fideicomisos pudo haberse redirigido a otros fines. Plazos incumplidos: Aunque la normativa establecía como fecha límite el 30 de octubre, cientos que entregaron documentación en tiempo y forma siguen sin recibir liquidación.
Para Hernández Compeán y el resto de los afectados, la demanda ya no solo busca el cumplimiento legal, sino el respeto a una carrera dedicada a impartir justicia y que hoy —dicen— concluye entre retrasos administrativos, falta de transparencia y promesas sin cumplir.