Investigación revela patrón de abusos y actos ilegales en el ministerio público
Por: Adriana Cruz
La reciente destitución del ministerio público Abdel Garza Lozano, tras acusaciones de corrupción y presión social, ha sacado a flote viejas denuncias que refuerzan el señalamiento de un patrón de abusos y actos ilegales en su desempeño.
El año pasado, Rosa Elena Morado, madre de Bladimir Ramírez —condenado a 80 años de prisión por un asesinato ocurrido en 2020 en la colonia San José—, denunció públicamente que entregó 280 mil pesos al entonces ministerio público Abdel Garza Lozano, con la promesa de que ayudaría en el proceso legal de su hijo. La mujer, quien siempre ha defendido la inocencia de su vástago, aseguró en su momento que recurrió a diferentes abogados y funcionarios en busca de justicia, pero el caso terminó hundido en un mar de corrupción y trámites fallidos.
"A Abdel le entregué 280 mil pesos para que ayudara a liberar a mi hijo, pero nunca cumplió. En lugar de justicia, lo que recibimos fue una condena de 80 años", acusó en 2024.
La denuncia de Rosa Elena, que en su momento no tuvo eco dentro de la Fiscalía, hoy cobra relevancia tras la baja definitiva de Garza Lozano. Su testimonio exhibe que las quejas contra el exfuncionario no eran nuevas, sino que existía ya un historial de acusaciones por cobros millonarios a familias desesperadas por justicia.
El caso de Bladimir Ramírez marcó un punto de dolor para la madre, quien insiste en la inocencia de su hijo y asegura que fue víctima de una condena fabricada. En paralelo, quedó expuesta la actuación de un ministerio público señalado de aprovecharse de la vulnerabilidad de los afectados para enriquecerse.
La salida de Garza Lozano, lejos de cerrar el capítulo, abre la puerta a exigir investigaciones más amplias sobre todos los casos en los que estuvo involucrado. Para las víctimas, el mensaje es claro: la destitución no basta, se requiere que responda ante la justicia por los recursos que presuntamente obtuvo a través de la corrupción.
Sin embargo, en la comunidad persiste la duda: circulan rumores de que Abdel no fue realmente destituido, sino simplemente cambiado de plaza y que habría sido reubicado en Saltillo o en Acuña. Ante ello, familiares de víctimas y ciudadanos exigen claridad y confían en que esta vez la Fiscalía cumpla con la palabra y que la destitución sea definitiva, no un simple movimiento administrativo para protegerlo.