Las autoridades de la PRONNIF han intervenido en la familia de Dominic desde 2017 por diversas situaciones.
Por: Gerardo Martínez
El caso de Dominic Alejandro, el niño de nueve años que murió atropellado el pasado fin de semana en Monclova, era conocido por las autoridades de protección a menores debido al entorno de vulnerabilidad y abandono en el que crecían él y sus hermanos desde años atrás.
La subprocuradora de la PRONNIF en la región Centro, Martha Herrera Ramírez, reveló que la familia arrastraba antecedentes de intervención desde el 2017 en Nuevo León, de donde son originarias incluso antes de que naciera Dominic. Señaló que los hermanos mayores habían sido resguardados en un centro de asistencia y posteriormente fueron depositados con familias de apoyo.
Señaló que durante este año se registraron al menos dos incidentes relacionados con los hermanos mayores de Dominic, uno de ellos con un adolescente de 17 años localizado presuntamente cometiendo robo y otro caso relacionado con una menor de 15 años que recientemente dio a luz en medio de complicaciones médicas.
Dominic no contaba con registro de nacimiento debido a problemas administrativos y a las condiciones de vulnerabilidad de la madre, quien enfrentaba problemas de consumo de sustancias. "Se tenía identificado que no contaba con registro, el problema fue que el niño nació en Nuevo León y se requiere de un certificado de inexistencia para poder hacer el registro extemporáneo, pero la madre no estaba localizada constantemente".
La subprocuradora reconoció que el entorno familiar de Dominic se encuentra marcado por múltiples carencias, entre ellas económicas, desintegración y la falta de supervisión hacia los menores. "Es un entorno muy vulnerado, de mucha falta de recursos de todo tipo, lamentablemente cuando se normalizan estos modos de vida, las familias dejan de ver como grave que los niños anden solos en la calle o sin atención".
Indicó que Dominic y sus hermanos supuestamente se encontraban con familia de apoyo bajo el cuidado de familiares, tíos y abuelos, sin embargo admitió que las condiciones de vigilancia y protección eran limitadas. Incluso, aseguró que las autoridades enfrentaban dificultades para intervenir debido a que vecinos y personas cercanas evitaban reportar situaciones de riesgo.