Las detenciones se realizaron tras investigaciones sobre irregularidades en importación.
Por: Staff / La Voz
La Fiscalía General de la República formalizó la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y conductas ilícitas en materia de hidrocarburos. La resolución judicial fue dictada por un juez federal a solicitud del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, ordenando como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que el exmandatario estatal permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Almoloya.
La Fiscalía General de la República formaliza la vinculación a proceso del exgobernador.El proceso penal también alcanza a otras siete personas presuntamente vinculadas a esta red delictiva, entre las que destacan los empresarios Ricardo N y José N, además de los imputados Juan N, Luis N, José María N, Guillermo N y Adriana N. A los señalados se les atribuyen cargos relacionados con la introducción ilegal de combustibles al territorio nacional mediante esquemas de evasión en las aduanas, modalidad conocida comúnmente como huachicol fiscal. Este mecanismo fraudulento consistía en ingresar productos derivados del petróleo reportando volúmenes menores a los reales o declarándolos bajo fracciones arancelarias correspondientes a otros insumos para eludir el pago de impuestos.
Ocho personas, incluidos empresarios, son señaladas por contrabando de hidrocarburos.Las detenciones de los implicados se llevaron a cabo mediante operaciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, tras investigaciones que rastrearon irregularidades en los procesos de importación, distribución y comercialización de hidrocarburos. La autoridad ministerial enfatizó que este tipo de prácticas genera severos quebrantos a las finanzas públicas del país, al tiempo que nutre los recursos económicos de grupos del crimen organizado. Las autoridades precisaron que todos los imputados se presumen inocentes mientras no se emita una sentencia condenatoria firme por parte del órgano judicial competente.