Los agresores fueron turnados a la Fiscalía del Estado tras el ataque en la colonia Obrera Sur.
Por: Carolina Salomón
Agresores de estudiante de la Secundaria 76 serán procesados bajo el marco legal de delitos cometidos por adolescentes; quedaron a disposición de la Fiscalía del Estado.
El ataque ocurrió en la colonia Obrera Sur, donde el alumno fue interceptado y lesionado con arma blanca por dos jóvenes. Debido a la gravedad de la agresión, los responsables fueron turnados de inmediato ante el Ministerio Público especializado en adolescentes, encargado de integrar la carpeta judicial y presentarla ante el juez competente.
Tania Ibarra, directora de Proximidad Social, explicó que cuando se registran hechos con lesionados, la intervención de la Fiscalía es obligatoria.
"En este caso, como hubo lesionados, los ponen a disposición de la Fiscalía del Estado, que entra por medio del Ministerio Público en adolescentes y delitos de adolescentes, quien se encarga de integrar la carpeta judicial para llevarla al juez competente", detalló.
Ibarra señaló que las autoridades municipales trabajan en nuevas estrategias de seguridad para reforzar el orden dentro y alrededor de las escuelas.
Reconoció que algunos planteles solicitan implementar revisiones de mochila, pero estas no pueden ser aplicadas directamente por la Policía Municipal, pues implicaría una violación a los derechos humanos.
"No podemos hacerlo porque estaríamos violentando derechos humanos, hay una trasgresión. Pero lo que sí está es que los padres, al ingresar a sus hijos a una institución educativa, firman una carta responsiva; con base en esa carta, las escuelas sí pueden realizar revisiones y filtros para prevenir lesiones entre los estudiantes", explicó.
La funcionaria advirtió que cualquier alumno que participe en agresiones, retos o conductas violentas puede incurrir en delitos cuya gravedad determinará su proceso legal.
Finalmente, Ibarra señaló que cuando los hechos ocurren fuera de los planteles y son atendidos por el Ministerio Público o un juez, existe la posibilidad de que los menores accedan a medidas alternativas, como integrarse al programa Aplícate, siempre y cuando las autoridades judiciales así lo determinen.