La Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado cuentas de funcionarios relacionados con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.
Por: Staff / La Voz
El ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó a autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones federales por conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer armamento de alto poder.
Las acusaciones forman parte de una investigación abierta en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y podrían derivar en una condena de cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
Fuentes oficiales confirmaron que Díaz Vega dejó el gabinete del gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya en septiembre de 2024, argumentando motivos personales. Posteriormente regresó a actividades dentro de la iniciativa privada.
Durante los casi tres años que permaneció al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas, Díaz Vega incrementó de manera considerable su patrimonio inmobiliario. De acuerdo con declaraciones patrimoniales difundidas previamente, entre diciembre de 2021 y septiembre de 2024 adquirió al menos 10 propiedades con un valor superior a los 18 millones de pesos.
Entre las operaciones reportadas destacan:
· Un terreno adquirido en junio de 2022 por 670 mil pesos.
· Otro terreno comprado en octubre del mismo año por más de un millón de pesos.
· Dos locales comerciales valuados en más de 3.6 millones de pesos.
· Un terreno de más de 36 mil metros cuadrados adquirido en diciembre de 2022 por 1.6 millones de pesos.
En 2023 sumó una vivienda valuada en casi 2.9 millones de pesos y otros terrenos adquiridos a través de empresas con las que mantenía vínculos accionarios, entre ellas Housesin Desarrollos S.A. de C.V., firma donde aumentó su participación del 28 al 38 por ciento durante su gestión pública.
Con estas adquisiciones, el ex funcionario acumuló 44 bienes inmuebles con un valor declarado cercano a los 128.9 millones de pesos.
En paralelo, el ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona y posteriormente trasladado a custodia federal estadounidense. Documentos judiciales fechados el 12 de mayo de 2026 indican que enfrenta acusaciones por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
Un día después de su captura compareció ante el magistrado federal Eric J. Markovich, en Tucson, Arizona, donde renunció a una audiencia de identidad y aceptó ser trasladado al Distrito Sur de Nueva York. Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras espera ser presentado ante la Corte Federal de Manhattan. El expediente judicial permanece bajo reserva.
Fuentes oficiales confirmaron además que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y de otros implicados relacionados con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que no tenía conocimiento previo sobre el congelamiento de cuentas, aunque indicó que la UIF puede proceder si detecta irregularidades.
El Gobierno de Donald Trump solicitó el pasado 28 de abril la detención con fines de extradición de Rubén Rocha y otros nueve funcionarios y ex funcionarios presuntamente vinculados con la protección al Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas y armas. De acuerdo con autoridades estadounidenses, se trata del primer gobernador en funciones de México requerido por Estados Unidos bajo acusaciones relacionadas con narcotráfico y delincuencia organizada.