Exempleados de Altos Hornos rechazan la autorización para extraer vagones y advierten que no permitirán el retiro de activos sin garantizar el pago de sus finiquitos.
Por: Diana Ortiz
Integrantes del movimiento de resistencia de excolaboradores de Altos Hornos de México (AHMSA) exigieron a la jueza del concurso mercantil, Ruth Haggi Huerta García, frenar de inmediato las autorizaciones expedidas para el retiro de maquinaria y equipos de las instalaciones de la empresa.
Los inconformes señalaron que este tipo de permisos pone en severo riesgo la garantía de pago de sus créditos laborales e indemnizaciones pendientes.
Reclamaciones de los exobrerosErvey Valenzuela de la Torre, dirigente del grupo de exobreros, cuestionó fuertemente la actuación del órgano judicial al considerar que atiende de manera prioritaria las reclamaciones de empresas externas antes que velar por los derechos salariales de los expromotores y trabajadores de la siderúrgica.
La postura del contingente surge tras difundirse la intención de la compañía Trinity de extraer 100 vagones situados en el interior de la planta. Este procedimiento se suma al antecedente reciente del retiro de montacargas por parte de la firma Bravo, lo que ha encendido las alarmas entre la comunidad laboral.
Valenzuela de la Torre sostuvo que las decisiones dictadas por la juzgadora facilitan en los hechos el desmantelamiento progresivo de la empresa, repercutiendo de manera directa y perjudicial en el patrimonio de las familias obreras.
Medidas de resistenciaAnte este escenario, reiteró que los trabajadores en resistencia mantendrán firme el bloqueo en los accesos a la planta y no permitirán la salida de ningún activo o maquinaria hasta que se resuelva por la vía legal el pago íntegro de sus liquidaciones.
Respecto al reclamo formulado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre un adeudo superior a los 30 millones de pesos en cuotas obrero-patronales, el dirigente remarcó que la institución deberá formarse formalmente en la lista de acreedores.
Enfatizó que debe respetarse de manera estricta el orden de prelación de la ley, el cual sitúa a los créditos y sueldos laborales en el primer término de preferencia.