Familia de Jesús Francisco Reynaldo denuncia manipulación en el caso de Manuel Neftalí Lira.
Por: Adriana Cruz
Lo que debía ser un proceso de rehabilitación se convirtió en una estancia de pesadilla. Entre el 2 y el 5 de mayo, Manuel Neftalí Lira vivió sus últimos días sometido a castigos físicos extremos al interior de un centro de rehabilitación en la colonia Óscar Flores Tapia. Hoy, tras la audiencia inicial, los detalles del caso revelan un sistema de violencia institucionalizada que ha llevado a Mario Alberto "N" ("King Kong") y Jesús Francisco Reynaldo "N" ("Rey") ante la justicia.
Según los datos presentados en la audiencia, Manuel ingresó al anexo el 2 de mayo. No obstante, durante el 3 y 4 de mayo, fue recluido en una sección denominada como "La Jungla". En este espacio, la víctima fue inmovilizada en una cama de tablas, sin colchón, amarrado de pies y manos con sábanas.
Los informes periciales son devastadores: Manuel recibió múltiples golpes en el estómago, pies, glúteos y brazos. La brutalidad de la agresión fue tal que le provocó daños severos en los pulmones y la caja torácica. La causa del deceso, ocurrida la madrugada del 5 de mayo en esa misma área, fue certificada como una insuficiencia respiratoria aguda severa.
En medio de las graves acusaciones, la familia de Jesús Francisco Reynaldo ha roto el silencio para denunciar lo que consideran una "fabricación de culpables". En entrevista, su padre, el señor Escobedo Medellín, sostuvo tajantemente la inocencia de su hijo, asegurando que el joven no contaba con la capacidad física para participar en una agresión de tal magnitud.
Escobedo Medellín relató que su hijo fue ingresado al anexo hace apenas tres semanas para tratar una fuerte adicción, proceso por el cual pagaba mil pesos semanales. Según su testimonio, el estado de Jesús Francisco era de extrema debilidad y delgadez, debido a que los internos permanecían sedados la mayor parte del tiempo bajo supuesta indicación médica para manejar la abstinencia. "Mi hijo apenas podía sostenerse, estaba muy débil para hacer algo así", afirmó.
La versión de la familia apunta a una presunta manipulación de la escena y de los detenidos. El padre de "Rey" denunció que los guardias y encargados que cubrían el turno nocturno —incluyendo al hijo del pastor del centro— desaparecieron tras los hechos. Sostiene que los verdaderos responsables huyeron y llamaron a guardias de otros turnos para que fueran ellos quienes enfrentaran la detención de la fiscalía.
Finalmente, el padre vinculó esta acusación con un proceso previo de secuestro, el cual calificó como una "carpeta armada". Según su versión, este nuevo señalamiento por homicidio podría ser una represalia o una maniobra para silenciar a su hijo: "Hace dos meses lo golpearon y amenazaron para que se fuera; ahora quieren culparlo de esto para callarlo definitivamente", sentenció, sugiriendo que el joven posee información que podría perjudicar a terceros.
Un punto crítico durante la audiencia inicial fue el requerimiento formal realizado por la defensa de los imputados hacia la administración del centro de rehabilitación. Se solicitó a Valentín Bustos, identificado como dueño del lugar, o a quien funja como directora, la entrega inmediata de las videograbaciones de todas las cámaras de seguridad instaladas en el inmueble. Este material es considerado una prueba, pues podría confirmar quiénes se encontraban realmente en el área de "La Jungla" al momento de la agresión y si hubo omisión de auxilio por parte del personal administrativo.
Sin embargo, la exigencia judicial choca con una realidad que ha levantado sospechas de fuga: hasta el momento, Valentín Bustos no ha dado la cara ante las autoridades ni ante los familiares de la víctima. La ausencia del propietario, sumada a la denuncia del padre de uno de los detenidos sobre la desaparición de los guardias del turno nocturno, refuerza la hipótesis de un posible abandono de sus responsabilidades legales.
Mientras el proceso avanzaba en el interior de las salas judiciales, al exterior, el Centro de Justicia se convirtió en el escenario de una ruidosa manifestación. Decenas de familiares y amigos de los imputados, Mario Alberto "N" y Jesús Francisco Reynaldo "N", se concentraron con pancartas en mano para exigir un juicio justo y denunciar lo que consideran una detención arbitraria. Las consignas, escritas con letras negras y rojas, lanzaban un mensaje directo a las autoridades: "No más presos inocentes".
La indignación de los manifestantes se centró especialmente en la ausencia de las figuras de autoridad del centro de rehabilitación. En varias de las pancartas se leía la pregunta que hoy resuena en toda la colonia Óscar Flores Tapia: "¿Dónde está el pastor? Él debe estar en la audiencia". Entre gritos y reclamos, los familiares insistieron en que los mandos superiores del anexo están siendo protegidos, mientras que sus parientes, a quienes describen como trabajadores de nivel inferior o incluso internos en proceso de recuperación, están siendo utilizados para calmar la presión mediática y social por la muerte de Manuel Neftalí.
La jueza de la causa dictó un calendario procesal estricto antes de reanudar la audiencia de vinculación:
Lunes 11 de mayo (11:00 horas): Los testigos deberán presentarse a una entrevista en el domicilio del abogado defensor. Las personas requeridas son: Osvaldo; José Angel, Luis Lauro, Brayan y Jesús Armando.
Martes 12 de mayo (13:00 horas): Se autorizó una inspección ocular al interior del anexo para que la defensa observe las instalaciones.
Martes 12 de mayo (15:30 horas): Se celebrará la audiencia definitiva donde se decidirá si los imputados son vinculados a proceso.
Mientras tanto, los acusados permanecerán en las celdas del C4 bajo prisión preventiva oficiosa. El caso de Manuel Neftalí ha encendido las alarmas sobre los métodos de "castigo" y las condiciones de internamiento en los centros de rehabilitación de la región, un tema que promete ser el eje central del debate jurídico la próxima semana.