Investigación por irregularidades en proceso de Víctor Peña

Familiares de Víctor Peña y amigo señalan presuntas acciones indebidas de autoridades judiciales en Monclova

Por: Adriana Cruz

Familias de Víctor Peña y un amigo, quienes llevan más de dos años en el centro penitenciario por el delito de secuestro agravado, se manifestaron y denunciaron posibles irregularidades en el proceso judicial que enfrentan. Presuntamente, un MP de nombre Abdel les solicitó la cantidad de 250 mil pesos por reclasificar el delito. Durante un encuentro con el delegado Miguel Ángel Medina, los familiares expusieron que se les habría solicitado dinero para reclasificar delitos y reducir penas, señalando presuntas acciones indebidas de un Ministerio Público y del juez encargado del caso. "Les quieren dar una pena máxima de hasta 90 años por mentiras de él", aseguró uno de los padres, quien señaló que los acusadores de sus hijos presentan antecedentes delictivos y que hay múltiples testigos que podrían acreditar la inocencia de los jóvenes. Además, insistieron en que no han sido notificados de manera adecuada ni se les ha brindado un seguimiento justo por parte de sus defensores. Por su parte, Miguel Ángel Medina, delegado de la Fiscalía, confirmó que cualquier denuncia contra el Ministerio Público o el juez será investigada de manera inmediata. "Si hay acusaciones en contra de un servidor público, se atienden de inmediato y se turnan a la autoridad correspondiente", aseguró. Medina explicó que, de acuerdo con la ley, la reclasificación de un delito es procedente si se considera conveniente, pero subrayó que ningún familiar debe entregar dinero para este proceso. Los padres reiteraron su inconformidad con el manejo del caso y demandaron transparencia y justicia para sus hijos. "Ya es demasiada corrupción en Monclova, queremos que se haga justicia y que nuestros hijos tengan un proceso justo", señalaron. El caso sigue bajo investigación y el juez aún no ha dictado sentencia. La fiscalía enfatizó que continúa integrando el expediente y recibiendo pruebas y testigos para garantizar que se cumpla con el debido proceso.

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