La situación reabre el debate sobre la protección de docentes y derechos de alumnos en el ámbito escolar.
Por: Adriana Cruz
Personal docente y directivos de la Secundaria Técnica 35 continúan laborando bajo protesta, luego de que un juez otorgara un amparo a un estudiante de tercer grado acusado de agredir a un docente, impidiendo que se aplicara el protocolo escolar correspondiente y frenando cualquier medida disciplinaria.
El director de la institución, Jesús Borjón, explicó que la escuela acató la resolución judicial, la cual ordenó no cambiar al alumno de plantel ni aplicar el reglamento, lo que en la práctica dejó sin efecto el procedimiento que marca la normativa en casos de violencia escolar.
"En el proceso, el juez dictaminó que no se cambiara al alumno, que no se aplicara el reglamento, y nosotros lo acatamos; pero seguimos trabajando bajo protesta", señaló el directivo.
Borjón aclaró que el estudiante nunca fue retirado de la escuela, pero el amparo impidió al plantel continuar con el proceso institucional que debía activarse tras la presunta agresión contra uno de los maestros.
El directivo indicó que la situación derivó de un manejo inadecuado del caso por parte del departamento jurídico de la Secretaría de Educación, lo que provocó que la resolución no favoreciera la correcta aplicación del protocolo.
"Esta resolución vino porque el departamento jurídico no manejó adecuadamente el proceso", apuntó.
El incidente —que involucra a un alumno señalado por presuntamente agredir físicamente a un docente durante la jornada escolar— reabrió la discusión sobre los vacíos legales y la falta de claridad en los procedimientos cuando se trata de proteger tanto la integridad del personal docente como los derechos del alumnado.Mientras la autoridad educativa analiza la ruta jurídica a seguir, la comunidad docente de la Secundaria 35 mantiene su postura de inconformidad, trabajando bajo protesta en demanda de que los protocolos oficiales se respeten y se garantice un ambiente seguro dentro del plantel.