Por: Mónica Meza
Luego de que Gina Garza hiciera pública su denuncia al ser víctima de violencia física psicológica por parte de su ex pareja sentimental Roberto Azael y mencionar que las autoridades “Quieren verla muerta” para actuar, trascendió que sí se le ha brindado la atención y que posiblemente el retraso de la autoridad judicial seste bloqueando el seguimiento del caso.
Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General del Estado, mencionó que se le brindó la atención pues se cuenta con un oficio que se realiza al momento de que ella se presenta, mismo oficio se dirige a servicios periciales porque es lo primero que tienen que actuar cuando hay temas de violencia de género es la atención médica, incluso antes que la legal.
Explicó que cuando se presentó la persona el fin de semana pasado, fue lo primero que se hizo, verificar sus lesiones, incluso el Agente del Ministerio Público dentro del protocolo de actuación es acompañar a la persona al Servicio Médico Forense, también existe una constancia de esto.
Precisamente para evitar esta situación se toman las constancias, se giran oficios y se siguen los protocolos internos, pero en ocasiones no es un tema del Ministerio Público y puede deberse a la programación de audiencias que se tienen ante la autoridad judicial.
El delegado dijo que esto no es constante, pero en ocasiones las personas consideran que no está satisfecha su necesidad porque no se genera una audiencia inicial aunque el trabajo del Ministerio Público haya concluido y que incluso haya solicitado una audiencia inicial para continuar con el proceso y tener una investigación formalizada.
“No quiero atribuir completamente el tema a la autoridad judicial, hay que ser puntuales en que la actividad del Ministerio Público sí se realizó y cuantas veces se presente a solicitar ayuda son tantas veces que se activa el protocolo y velar por la salud de la persona”, comentó.
En el caos de las denuncias de género la autoridad mantiene en alta reserva los datos del caso, el delegado dijo que todas las autoridades deben contribuir a garantizar las medidas de seguridad a una mujer que es víctima de violencia, pero no es elusivo de la Fiscalía, sino todas las corporaciones policiacas.